Este lunes y martes se imputará formalmente al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por fraude al fisco, en el marco del caso Embotelladora Llacolén – propiedad de Alberto Scuncio-, junto con un exdirector jurídico y cuatro exconcejales.
La investigación examina la condonación de 1.200 millones de pesos en patentes comerciales, aprobada por el concejo municipal de entonces en 2020.
Este será el quinto intento del Ministerio Público de formular ese cargo y pedir medidas cautelares. Desde que la causa se inició en el Juzgado de Garantía de Coronel, la audiencia ha sido postergada durante dos años debido a la falta de jueces, a los reclamos de las defensas por no contar con acceso íntegro a la carpeta judicial virtual y a la licencia médica del abogado Waldo Ortega, representante del alcalde.
La fiscal anticorrupción Glenda Lagos abordó la próxima audiencia y señaló que podrían pedir medidas cautelares privativas de libertad, entre ellas la prisión preventiva.
También están imputados junto al alcalde los cuatro exconcejales que votaron a favor de la condonación: Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes. Se suma el director jurídico de ese periodo, Cristián Pinto.
Como la mayoría de los imputados dejó sus cargos en 2024, se analiza si el delito que les atribuye la Fiscalía pudo prescribir, explicó el abogado defensor Andrés Cruz.
El abogado penalista particular descartó que las partes lleguen a un avenimiento, pues el Concejo Municipal autorizó al alcalde a actuar en este asunto basándose en “informes de peritos independientes que manifestaban irregularidades en el cobro de derechos por parte de la municipalidad hacia una entidad empresarial”.
En ese contexto, Embotelladora Llacolén presentó una demanda civil contra el municipio por presuntos cobros irregulares. Si estos se acreditan, podrían debilitar los argumentos sobre un eventual fraude planteados por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
