Al tiempo que el Congreso chileno dio luz verde a una ley destinada a agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular, en Perú cobraron fuerza los datos oficiales que desmienten que el presidente José Antonio Kast haya expulsado a cientos de miles de extranjeros desde que llegó al poder. Las cifras registradas hablan de miles de expulsiones efectivas, lejos de cientos de miles o de un millón.
La legislación, aprobada el martes 20 de octubre, establece herramientas para hacer efectivas las órdenes de abandonar el país. Entre otras medidas, permite que la policía pida autorización a un juez para entrar en domicilios y detener a migrantes que tengan una orden de expulsión vigente.
El debate en el Congreso se produjo luego de que la senadora peruana Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, dijera en una entrevista con RPP Noticias que Chile había expulsado a “cerca de un millón” de extranjeros indocumentados durante el primer mes del Gobierno de Kast. Más tarde corrigió su afirmación y señaló que habían sido 800.000 personas.
Una revisión de los registros oficiales publicada por PerúCheck determinó que ninguna de esas cifras está respaldada por los datos. En el primer mes de la administración chilena se concretaron 156 expulsiones; la cifra llegó a 196 luego de un operativo aéreo efectuado el 16 de abril.
Permiso de un juez
El proyecto aprobado por el Congreso chileno fue presentado originalmente en 2024 por el gobierno del entonces mandatario Gabriel Boric. La propuesta retomó impulso durante la administración de Kast, quien asumió la Presidencia el 11 de marzo de 2026.
Según un comunicado del Senado, la policía podrá solicitar a un juez autorización para ingresar a una vivienda “con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión”.
La ley faculta además a las autoridades para pedir información a organismos públicos con el fin de localizar y notificar a extranjeros indocumentados sujetos a órdenes de expulsión pendientes. La medida busca facilitar el cumplimiento de resoluciones que ya se han emitido.
La política migratoria fue uno de los ejes de la campaña de José Antonio Kast. El presidente propuso expulsar a más de 330.000 personas que, de acuerdo con las estimaciones citadas en la información disponible, residen en Chile sin regularizar su situación migratoria.
El Gobierno vincula la inmigración irregular con el incremento de la criminalidad. Sin embargo, las expulsiones realizadas durante los primeros meses de su mandato estuvieron muy por debajo de las cifras mencionadas en el debate político peruano.
La afirmación de 800 mil
A finales de septiembre, la Subsecretaría del Interior comunicó que, desde la llegada de Kast a la Presidencia, se habían llevado a cabo 1.468 expulsiones. El informe indicó también que en todo el año calendario 2026 se registraron 1.764 expulsiones, cifra que comprende las ejecutadas antes de que comenzara su mandato.
Tras los dichos de Lourdes Alcorta, PerúCheck analizó esos registros y concluyó que la afirmación de la congresista era falsa: en el primer mes del Gobierno las expulsiones se contabilizaron por centenares, no por cientos de miles.
El periodista chileno Juan Jaime Díaz también puso en duda la escala de las cifras citadas por la senadora peruana. “José Antonio Kast durante su campaña anunció que iba a expulsar a un número importante de inmigrantes indocumentados, pero no había ninguna posibilidad de alcanzar cantidades de esa magnitud”, explicó.
Díaz señaló que los datos divulgados hasta ese momento se acercaban a los 1.884 extranjeros expulsados y recordó que el total de 2025 había sido algo inferior. “Estamos hablando de cantidades cercanas a las 2.000 personas, no de un millón”, afirmó.
La distancia entre las declaraciones políticas y los registros oficiales pasó a ser tema de discusión en Perú, mientras Chile tramita una ley que amplía los medios para hacer cumplir las órdenes de expulsión existentes.
Las salidas por voluntad propia
La diferencia entre expulsiones forzadas y salidas voluntarias es uno de los aspectos clave de la discusión. Entre el 3 de enero y el 26 de septiembre de 2026, la Subsecretaría del Interior registró 10.197 salidas voluntarias efectivas.
La cifra se refiere a extranjeros que entraron al país por pasos no habilitados y que después salieron de Chile por un control policial, sin tener una resolución de expulsión en su contra.
Por ello, esos más de 10.000 casos no deben contabilizarse como deportaciones realizadas por el Estado chileno. El informe oficial presentó las categorías por separado y registró 11.961 salidas en total durante ese período, al sumar las expulsiones ejecutadas y las salidas voluntarias.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, resaltó que el Ejecutivo había realizado el décimo vuelo de expulsión de la administración actual. “Ya superamos todas las cifras por año de expulsiones del gobierno anterior, sumando más de mil ochocientas setenta expulsiones forzadas y sumando diez mil trescientas salidas voluntarias”, declaró.
En esa intervención, Pavez dijo que los datos mostraban “el cambio de mano” en la dirección de la política migratoria. En su declaración mencionó conjuntamente las expulsiones forzadas y las salidas voluntarias, aunque los balances oficiales contabilizan ambos mecanismos por separado.
Personas de nacionalidad peruana
Durante los primeros seis meses de la administración de Kast, Chile expulsó a alrededor de 1.800 personas. Las nacionalidades más representadas fueron la colombiana, la peruana, la ecuatoriana y la boliviana.
Ese dato difiere de la composición de la población migrante irregular en Chile, integrada mayoritariamente por venezolanos. La situación de esta comunidad se ha visto afectada por las dificultades diplomáticas entre Santiago y Caracas.
La ruptura de relaciones con Venezuela dificultó la expulsión de ciudadanos venezolanos. Chile y Venezuela acordaron restablecer sus vínculos en julio, pero hasta el momento el acuerdo no ha provocado un aumento de las expulsiones de personas de ese país.
Los registros históricos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) también muestran que las expulsiones anuales han estado muy lejos de las cantidades difundidas en Perú. La entidad contabilizó 1.066 expulsiones administrativas y judiciales en 2022, 946 en 2023, 1.100 en 2024 y 1.193 en 2025.
La norma aprobada por el Congreso chileno entrega nuevas herramientas para localizar y detener a personas que tengan órdenes vigentes de abandonar el país. Al mismo tiempo, los registros oficiales distinguen entre expulsiones forzadas y salidas voluntarias, una diferencia que quedó en el centro de la discusión tras las declaraciones de la senadora peruana Lourdes Alcorta.
