La Fiscalía Regional de Antofagasta solicita para los 22 miembros de una red criminal transnacional que actuó en la zona entre 2020 y 2025 penas que, en conjunto, alcanzan 642 años de prisión, junto con multas por 7.730 UTM y el comiso de bienes. La organización se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos.
La agrupación fue desarticulada en agosto de 2025, en un amplio operativo encabezado por el Ministerio Público y llevado a cabo por unidades especializadas de la PDI. La operación, denominada “Casa de Muñecas”, se desplegó en diversas viviendas y locales comerciales de la ciudad.
Durante el operativo fueron detenidos los acusados, la mayoría de ellos extranjeros, y se incautaron dinero en efectivo, automóviles de lujo, joyas y distintos registros contables y bancarios. Sin embargo, el resultado más relevante fue que se puso a salvo a una veintena de víctimas sometidas a explotación por parte de la organización.
Según la investigación, las víctimas habrían sido reclutadas en sus países de origen o en Antofagasta, aprovechando la situación de precariedad en que vivían. En muchos casos, se encontraban en situación migratoria irregular y carecían de redes de apoyo y protección.
Fiscalía solicita penas de entre 17 y 47 años
Luego de varios meses de indagatorias, el Ministerio Público acusó a los integrantes de la red por asociación criminal destinada a cometer trata de personas, trata de personas con fines de explotación sexual, promover o facilitar el ingreso o la salida del país para ejercer la prostitución, asociación para cometer lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.
La acusación pide condenas de entre 17 y 47 años de presidio para los imputados, dependiendo de la participación que se les atribuye. En total, las penas solicitadas suman 642 años y 26 días para toda la organización.
El escrito del Ministerio Público sostiene que los imputados integraban una red de origen transnacional, formada por cuatro grupos criminales menores organizados como clanes familiares, que administraban prostíbulos clandestinos y un café donde se ofrecían servicios sexuales.
Para ocultar las ganancias provenientes de la explotación sexual, la banda se valía de negocios de fachada. Uno de los informes financieros detectó más de 2.800 transferencias de montos reducidos, una práctica que, de acuerdo con la investigación, tenía como propósito evadir los controles financieros. Además, uno de los clanes habría concedido préstamos usureros bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que la acusación pone especial énfasis en los bienes de la organización. “No basta con detener a una organización criminal para derrotarla; también hay que privarla de sus recursos. El patrimonio es su oxígeno, y nuestra labor es cortarlo”, expresó.
“En los casos de trata, rastrear el dinero no solo sirve para demostrar el lavado, sino también para reconstruir la explotación que lo originó. Si una organización pierde sus bienes, también pierde la posibilidad de captar nuevas víctimas”, enfatizó el persecutor.
Trámite de extradición de una líder de la organización
La Fiscalía trabaja además en la extradición desde Colombia de otra imputada, quien estaba fuera del país cuando se realizó el operativo y sería una de las jefas de uno de los clanes.
La mujer fue formalizada en ausencia en abril de 2026; al mes siguiente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó la solicitud de extradición activa. Permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso de extradición en Colombia.
“El crimen organizado opera sin respetar fronteras, y la justicia tampoco puede estar limitada por ellas. La cooperación internacional es una condición indispensable de la persecución penal, no un elemento accesorio. Agradezco a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, a nuestra Cancillería y a las autoridades colombianas. Sin su colaboración, una orden emitida en Antofagasta no habría surtido efecto al otro lado del continente”, indicó el persecutor.
Para cerrar, Castro Bekios afirmó: “La Fiscalía Regional de Antofagasta seguirá persiguiendo a quienes deban comparecer ante los tribunales chilenos, estén donde estén y por mucho que intenten esconderse. La verdad que deben determinar los tribunales no conoce fronteras”.
La audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 30 de noviembre. En esa instancia, el Juzgado de Garantía examinará las pruebas que las partes presentarán en el juicio. La Fiscalía anunció, entre otros antecedentes, 79 testigos, 7 peritos y 571 documentos.
