Caso Embotelladora LLacolén: tribunal de Garantía de Coronel formaliza a alcalde y exconcejales por millonario fraude al fisco

Tras cinco intentos previos suspendidos, el Juzgado de Garantía de Coronel llevó a cabo la formalización de cargos en contra del alcalde Boris Chamorro, el director jurídico de la municipalidad, Cristian Pinto, y los exconcejales Adid Durán, Osvaldo Campos y René Lucero.

La causa, investigada por el Ministerio Público, apunta al delito de fraude al fisco vinculado a una millonaria condonación de patentes municipales otorgada por la corporación edilicia a la Embotelladora LLacolén.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el perjuicio fiscal investigado supera los 1.300 millones de pesos, cifra correspondiente al dinero que el municipio habría dejado de percibir producto de dicho avenimiento.

La indagatoria sostiene que la administración comunal y su dirección jurídica habrían ocultado información relevante a los concejales cuatro de los cuales aprobaron el acuerdo, en un escenario donde la municipalidad mantenía un déficit o deudas acumuladas superiores a los 2.000 millones de pesos.

La instancia judicial, planificada para extenderse por dos jornadas, estuvo marcada por momentos de alta tensión debido a desacuerdos entre los intervinientes respecto a los antecedentes entregados por la fiscal del caso, Glenda Lagos.

El intercambio de palabras involucró al abogado defensor del alcalde Chamorro, Waldo Ortega, quien increpó directamente a la persecutora ante el magistrado Daniel Ortiz por la forma en que se abordaban las consultas procesales:

"Si nosotros estamos haciendo una pregunta nos parece como la cuestión básica que se nos responda como corresponde a lo que nosotros estamos preguntando, porque es un debido proceso y porque aquí nos debemos respeto. No estamos en el colegio, estamos bastante grandecitos para eso, así que yo le pediría que por favor fiscal efectivamente nos contestara como corresponde a lo que nosotros preguntamos", enfatizó el abogado defensor, Waldo Ortega.

Las defensas pidieron el sobreseimiento temporal de la causa al existir una demanda de la empresa presentada en contra de la municipalidad.

Esto, ya que la corporación edilicia habría cobrado patentes comerciales a la empresa estando en quiebra, donde, en su momento, también inició acciones civiles.