Desde el viernes pasado, las seis bancadas opositoras de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzaron a estudiar una acusación constitucional contra Fernando Rabat, ministro de Justicia. Aún no han resuelto si finalmente la presentarán.
Los sectores que promueven con mayor decisión esta iniciativa comentan que podrían anunciar su determinación la próxima semana. Por ahora, se concentrarán en revisar los aspectos jurídicos y pedir que la sala de la Cámara Baja celebre una sesión especial.
El principal planteamiento político apunta a que Rabat firmó las 56 rebajas de pena sin impugnar judicialmente cada resolución. Tras la reunión de la oposición, algunos sostuvieron que «el ministro optó por eludir a los tribunales de justicia» y que «facilitó las cosas a los violadores».
La información sobre los violadores que ya están en libertad, junto con la estrategia de La Moneda y del sector más duro del oficialismo —que ha comparado la situación con la del gobierno anterior—, ha intensificado el enojo de la oposición.
El independiente-PPD Jaime Araya planteó que la oposición debe mantenerse unida, cualquiera sea la decisión que adopte. «Las opciones se reducen y queda poco más que pedir la renuncia del ministro. Las bancadas opositoras acordamos revisar los antecedentes y nos reuniremos el lunes y el martes para definir una postura final», señaló.
En tanto, desde los partidos y bancadas más cercanos al gobierno de José Antonio Kast han calificado la postura opositora de «carapalismo», en alusión al caso Monsalve, y han acusado a las izquierdas de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas por motivos políticos.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que Rabat cuenta tanto con el respaldo de Kast como con el de su partido. «El ministro ha sido una grata revelación y hasta ahora ha realizado una labor intachable; espero que continúe desempeñándose así», expresó.
Algunas voces reclaman que se actúe con rigor jurídico. Durante estos meses complejos para los opositores al gobierno también ha surgido la disyuntiva de presentar acusaciones constitucionales sin contar con los votos necesarios y de determinar cuánto peso dar a los fundamentos legales.
El diputado socialista Marcos Ilabaca, miembro de la Comisión de Constitución, señaló que solo respaldará un juicio político si existen fundamentos jurídicos.
«La reducción de condenas para violadores y abusadores de niños requiere explicaciones y que se determinen responsabilidades. Si los antecedentes demuestran que el ministro infringió la Constitución o la ley, debe considerarse una acusación constitucional con el debido rigor», sostuvo.
También hay cuestionamientos dentro de la derecha. El RN Mauro González dijo a Radio Bío Bío que, aunque forma parte del gobierno, a la luz de la información disponible «no está en condiciones de defender al Ministerio de Justicia».
La diputada independiente Joanna Pérez señaló que considera necesario examinar con detenimiento las herramientas constitucionales. Propuso avanzar por etapas, comenzando con una comisión especial investigadora o con la convocatoria de una sesión.
En los sectores contrarios al gobierno, varios consideran que los juicios políticos no están supeditados a los fundamentos jurídicos. Sin embargo, las izquierdas procurarán evitar que las diferencias sobre estrategia y análisis deriven en un conflicto interno.
