Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) acudieron a la Fiscalía Nacional para denunciar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario de la cartera, Luis Silva, por la eventual comisión de prevaricación administrativa, debido a los decretos que aprobaron reducciones de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
La denuncia se relaciona con los decretos que otorgaron el beneficio a condenados por abuso sexual y violación de menores, pese a las limitaciones que, de acuerdo con los parlamentarios, contempla la normativa vigente.
En particular, los diputados objetan que el Ministerio de Justicia concediera las rebajas basándose en una interpretación de la Corte Suprema respecto de la aplicación retroactiva de la Ley 21.421, y también en los principios de eficiencia y eficacia administrativa, con el propósito de prevenir que los casos terminaran judicializados.
Cuello acusa a Rabat de engañar al país
Los legisladores plantean en la denuncia que el artículo 17 de la Ley 19.856 fija requisitos y exclusiones específicas para obtener este beneficio, entre ellas, ciertos delitos sexuales cometidos contra menores.
A juicio de los parlamentarios, las autoridades habrían emitido resoluciones que se oponen a una disposición legal explícita, conducta que podría constituir prevaricación administrativa, delito descrito en el artículo 228 del Código Penal.
“El ministro Rabat está engañando al país, así como a las víctimas y sus familias. Ninguna ley le exigía liberar a pederastas“, declaró el diputado Luis Cuello.
La primera denuncia judicial contra Rabat
El diputado sostuvo además que, según su interpretación, el ministro promulgó decretos incompatibles con una norma que exigía denegar la rebaja de condena a quienes fueran responsables de delitos sexuales contra niños y niñas.
“Por esa razón presentamos la denuncia por prevaricación administrativa: el ministro emitió un decreto ilegal con el argumento inaceptable de evitar un juicio, decisión que hoy expone a las familias y a las víctimas de delitos sexuales contra niños a una situación de peligro y riesgo”, afirmó.
La denuncia pide que se investigue a Rabat y Silva por la emisión de los decretos impugnados. Se trata de una acusación formulada por los diputados, que por sí misma no determina que se haya cometido un delito.
