Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartning, agricultor de 80 años condenado por la desaparición forzada de siete personas en Santa Bárbara durante la dictadura de Pinochet, en el denominado episodio Santa Bárbara–Quilaco, fue detenido por la PDI en el sector de Pucón-Villarrica. Estaba prófugo desde 2022.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó a BioBioChile que el pasado viernes 23 de octubre ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, donde deberá cumplir una condena de 10 años y un día.
Fue arrestado el jueves 22 y, al día siguiente, llevado a la Corte de Concepción. Allí, el ministro Waldemar Koch Salazar le notificó la orden de ingreso a prisión, que se ejecutó ese mismo día.
De acuerdo con el tribunal, Barrueto era el único de los 17 condenados en esta causa que aún no había ingresado a cumplir su pena, pues se encontraba prófugo.
Secuestros durante la dictadura: Luis Barrueto Bartning pasó cuatro años prófugo
Barrueto era agricultor, no integrante de las Fuerzas Armadas ni de las policías. Tras el golpe de Estado, participó en operativos junto a Carabineros, al igual que su hermano Manuel y otros civiles.
En la sentencia se indica que Barrueto reconoció que el jefe de la Guarnición Militar de Los Ángeles lo convocó para colaborar en labores de transporte y patrullaje. De acuerdo con su declaración, debía presentarse en la Tenencia de Santa Bárbara y ayudar a reconocer a presuntos “elementos extremistas”.
La Corte Suprema determinó que manejó su camioneta, ayudó a identificar a personas detenidas y participó en su traslado. Además, volvió junto a su hermano y policías para buscar a una persona que faltaba.
El máximo tribunal consideró que esas acciones representaron una participación directa en los secuestros. Por ese motivo, descartó que fuera responsable únicamente como cómplice y lo condenó en calidad de autor.
El episodio Santa Bárbara–Quilaco y las siete personas desaparecidas
La sentencia sitúa los hechos el 20 de septiembre de 1973. Ese día, un grupo armado integrado por carabineros y civiles recorrió varios sectores de Santa Bárbara y arrestó a siete personas sin una orden válida.
En la mañana, el grupo llegó al fundo El Huachi y detuvo a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís. Los trasladaron a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara y, esa noche, fueron sacados del lugar con rumbo desconocido.
Por la tarde, los mismos agentes detuvieron a José Nazario Godoy Acuña en el sector Los Junquillos. También lo llevaron a la unidad policial, donde se perdió su rastro.
Esa noche fueron a la vivienda de Manuel Salamanca Mella, en avenida La Feria, y lo arrestaron delante de sus familiares. Más tarde llegaron a una pensión de calle Rosas y se llevaron a José Mariano Godoy Acuña.
Esa misma noche, Miguel Cuevas Pincheira fue sacado de su casa ante la presencia de su esposa y sus hijos.
Los siete nunca regresaron a sus hogares.
Trabajadores y dirigentes del campo
Las víctimas trabajaban en la zona y varias estaban relacionadas con el sindicato del asentamiento del fundo El Huache. Los antecedentes del Informe Rettig, recopilados por el Museo de la Memoria, señalan que José Domingo Godoy Acuña tenía 20 años; José Nazario, 22, y José Mariano, 25. Los tres eran obreros agrícolas y dirigentes sindicales. Julio César Godoy Godoy, de 56 años, también trabajaba en el campo y pertenecía al sindicato.
Desiderio Aguilera Solís, de 42 años, era obrero agrícola. Miguel Cuevas Pincheira tenía 41 años, era zapatero y militaba en el Partido Socialista. Manuel Salamanca Mella, de 38 años, se dedicaba a la compraventa de ganado.
Al consultar por ellos, sus familiares recibieron de Carabineros la información de que habían sido trasladados al Regimiento de Los Ángeles. No obstante, testimonios entregados a la Comisión Rettig indicaban que fueron asesinados y lanzados al río Biobío desde el puente que une con Quilaco. No se logró determinar su destino definitivo y sus cuerpos nunca fueron hallados.
Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, subrayó las consecuencias de la fuga para las familias, que llevaban décadas a la espera de una sentencia. “Imagínate que estaba prófugo el 2022 y eso afecta mucho a los y las familiares”, comentó a este medio.
También criticó que las condiciones actuales permitan a personas condenadas evadir sus penas. En su opinión, el sistema no cuenta con suficientes herramientas para evitarlo, “porque siempre hay algunos que se fugan”. Aunque valoró que Barrueto fuera detenido, recordó cuánto han esperado quienes buscan justicia por sus seres queridos. “Son pequeñas gotitas de justicia que se van logrando”, afirmó.
Condenado por la desaparición de siete personas durante la dictadura
La causa pasó por distintas instancias judiciales. Tras anularse un primer fallo, en 2013 la ministra Raquel Lermanda condenó a los hermanos Barrueto a 10 años y un día como autores de siete secuestros calificados.
En 2019, la Corte de Apelaciones de Concepción los declaró cómplices y redujo las penas a seis años. Sin embargo, el 19 de octubre de 2022, la Corte Suprema dejó sin efecto esa decisión y restableció tanto su calidad de autores como la condena de 10 años y un día.
Luis Barrueto no se presentó para comenzar a cumplir la sentencia definitiva y desde entonces permaneció prófugo, hasta que la PDI lo ubicó en La Araucanía.
El abogado de derechos humanos Francisco Bustos, del estudio Caucoto, valoró que fuera detenido y recordó que durante años han advertido sobre personas condenadas que todavía no cumplen sus penas.
“Los Estados tienen el deber de investigar, de juzgar, pero también de sancionar de modo proporcional y efectivo”, afirmó. Añadió que “el que una persona condenada por desapariciones forzadas, por asesinatos o por torturas, evada la justicia es gravísimo”.
Por esa razón, calificó de “una excelente noticia saber que Luis Barrueto, condenado por el caso Santa Bárbara-Quilaco por la desaparición de personas, empiece ahora a enfrentar responsabilidad por los crímenes que cometió”.
Bustos cuestionó además que se invoque la edad de los condenados para impedir que ingresen a prisión. “Normalmente, las defensas tematizan el hecho de que los perpetradores de ayer hoy son personas de avanzada edad e intentan usar eso como una especie de argumento para la impunidad”, indicó.
Tras la detención de Barrueto, aún falta ubicar a 12 personas de la lista de prófugos que Caucoto Abogados difundió en septiembre. Para los familiares de las siete víctimas de Santa Bárbara, permanece sin respuesta otra pregunta: dónde están sus seres queridos.
