La Contraloría General de la República otorgó diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para que detalle las acciones de fiscalización y control que ha aplicado a las AFP, en el contexto de la polémica por las cuantiosas pérdidas anotadas por el Fondo E.
La petición se originó en un oficio de parlamentarios de la bancada DC, FRVS e Independientes, que pretenden aclarar si el ente fiscalizador supervisó a tiempo las decisiones de inversión de las administradoras y tomó medidas para anticiparse a posibles riesgos para los ahorros previsionales.
En su respuesta, la Contraloría pidió a la Superintendencia que “se sirva responder en el plazo de diez días hábiles lo solicitado en el oficio de fiscalización, remitiendo todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”.
Las pérdidas del Fondo E ponen en duda la fiscalización de las AFP
La solicitud llega después de que el Fondo E, catalogado como el más conservador del sistema de multifondos, registrara una baja real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, en un periodo marcado por pérdidas de valoración relacionadas con operaciones de derivados financieros ligadas a las tasas de interés internacionales.
Tras la controversia, la Superintendencia de Pensiones abrió procesos sancionatorios contra las siete AFP para establecer si hubo incumplimientos de sus deberes al administrar los recursos.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó formar una comisión investigadora que revisará la labor de fiscalización sobre las administradoras durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026.
En este escenario, el diputado Patricio Pinilla, miembro de la Comisión de Trabajo, puso en entredicho la actuación del organismo regulador. “Pensamos y creemos que el Superintendente de Pensiones no hizo todo lo que podía hacer. Sin embargo, será la Contraloría la que resolverá previo informe de la propia Superintendencia”, sostuvo.
El parlamentario señaló que seguirán atentos a la respuesta y recalcó que es necesario aclarar quiénes son responsables de las pérdidas y encontrar formas de compensar a los afiliados perjudicados.
Es importante señalar que la solicitud de la Contraloría no determina por sí sola que hayan ocurrido irregularidades, sino que apunta a recopilar información para analizar la presentación de los parlamentarios.
