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Defensor de la Niñez alerta a la CIDH por la suspensión de más de 3.500 solicitudes de reunificación familiar

foto Noelia Ortega Sanhueza
Escrito por:Noelia Ortega SanhuezaPeriodista de Prensa en BioBioChile

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, alertó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Chile siguen suspendidas más de 3.500 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas, lo que vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes a vivir con sus familias.

En una audiencia celebrada este martes en Ciudad de Panamá, Quesille señaló que, hasta el 2 de septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones reconocía que 3.574 solicitudes estaban suspendidas por dificultades para verificar documentos y problemas en la gestión consular en Haití.

También inciden las demoras en los trámites. De acuerdo con información de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2024 los procesos de reunificación familiar de menores de edad demoraron, en promedio, 299 días, mientras que el plazo llegó a 330 días para la niñez haitiana.

“La suspensión de solicitudes de reunificación familiar no se limita a una cuestión administrativa. Detrás de cada caso hay niños y niñas que aún esperan volver a encontrarse con sus familias. El tiempo que permanecen separados de sus padres no se puede recuperar”, afirmó.

Defensoría solicita seguimiento internacional

La institución también advirtió que existen fallas de coordinación entre las entidades responsables de los procesos migratorios, y recordó que la Contraloría constató que no hay mecanismos formales para asignar responsabilidades ni hacer seguimiento a los menores que llegan al país.

Frente a esta situación, la Defensoría pidió a las relatorías de Niñez y de Migrantes de la CIDH que supervisen lo que ocurre en Chile y que exhorten al Estado a establecer protocolos especializados y fortalecer la coordinación entre instituciones.

“La protección de la niñez no puede quedar sujeta a la manera en que se resuelve cada contingencia migratoria”, recalcó Quesille. Añadió que las dificultades administrativas no deben impedir que se garantice el derecho de los menores a vivir con sus familias.