La responsabilidad por las rebajas de condena no recae únicamente en Fernando Rabat. Así lo sostuvo el exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien criticó el criterio “pro reo” de los tribunales, calificó de error político la determinación del actual ministro y planteó modificar el sistema para que estas revisiones no se reduzcan a una mera formalidad.
Sus dichos se producen en medio de la controversia generada por las revelaciones de Interferencia y el reportaje de BioBioChile, que dio a conocer los nombres y casos de 56 condenados por delitos sexuales cuyas penas fueron rebajadas.
Ante las crecientes solicitudes para que Rabat deje el cargo, el presidente José Antonio Kast confirmó su respaldo al ministro y comunicó que impulsará cambios legales y gestiones para intentar revertir los decretos. Gómez, en tanto, manifestó dudas sobre la efectividad de la estrategia que podría seguir el Ejecutivo y también cuestionó el rol de los tribunales.
En su opinión, se aplica “una mirada pro reo que no tiene ninguna lógica porque hay que también preocuparse de qué pasa con las víctimas”.
Gómez cuestiona las rebajas de penas y el criterio “pro reo”
El exministro Gómez considera que parte del problema radica en la forma en que se evalúa si una persona condenada reúne las condiciones para obtener una rebaja. A su entender, el análisis se limita a verificar asistencia a clases, empleo y buen comportamiento, sin abordar la cuestión esencial: si hay pruebas de una rehabilitación real.
“Finalmente se transformó en un acto burocrático de checklist”, afirmó en El Mostrador.
Además, criticó las interpretaciones de los tribunales, que en su opinión han beneficiado a los internos. Advirtió que una nueva ley podría llevar a que la misma controversia vuelva a resolverse en sede judicial.
“Teniendo una mirada pro reo, lo más probable es que tengan fallos también muy favorables a los internos”, indicó.
“Es un error grave y es un error político”
Gómez fue consultado también sobre lo publicado por Interferencia acerca de solicitudes que Rabat había rechazado al comienzo, antes de empezar a otorgar rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores cometidos antes de 2022.
“No tengo explicación”, contestó.
El exministro señaló que habría seguido rechazando esas solicitudes y puso en duda el argumento de que los fallos favorables a los condenados volvían innecesario continuar impugnando esos casos.
“No lo entiendo porque es un error grave y es un error político”, manifestó.
A partir de su experiencia como ministro, recalcó que estas resoluciones deben evaluarse considerando sus efectos, no solo los aspectos jurídicos. Recordó que durante su período también rechazó rebajas y que esas decisiones dieron lugar a disputas judiciales.
Explicó que le costaba entender que se tuviera por rehabilitada a una persona que no hubiera admitido sus delitos ni recibido tratamiento.
Sobre los anuncios del Gobierno, Gómez señaló que desconoce los detalles jurídicos de la iniciativa, pero prevé que podría traducirse en una ley interpretativa cuyo alcance volvería a depender de los tribunales.
“Creo yo que hay que buscar soluciones mucho más radicales y prácticas”, propuso.
Plantea derogar la ley
Como primera medida, sugirió cambiar el reglamento penitenciario para que quienes aprueben las rebajas deban justificar sus resoluciones, firmarlas y adoptarlas por unanimidad.
“Que ponga su firma, que ponga su responsabilidad, que voten unánimemente y que digan por qué”, señaló.
Asimismo, planteó la opción de derogar la ley, pero dijo que antes habría que analizar si alcanzó sus propósitos y si su funcionamiento puede enmendarse.
“No es simplemente derogar, hay que analizar bien cómo opera el sistema”, advirtió.
El exministro recordó que hay otras vías para salir de prisión y que las condenas concluyen incluso cuando no se concede una rebaja. Por ello, sostuvo que el debate debe incluir los requisitos para acceder a una salida anticipada y la preparación de los internos para reincorporarse a la sociedad.
También sugirió implementar un tribunal de cumplimiento de penas que aborde estas materias y permita orientar los procesos de rehabilitación y reinserción. “Para eso se necesitan recursos”, enfatizó.
En cuanto a la ratificación de Rabat, Gómez afirmó que aún debe desarrollarse el proceso político. Entre las opciones para establecer responsabilidades mencionó una decisión presidencial, la renuncia del propio ministro o una acusación constitucional.
Sin embargo, insistió en que ese debate debe ir acompañado de medidas para impedir que la situación se repita. A juicio del exministro, además de determinar quién responde por las rebajas, es necesario revisar los criterios para concederlas y la evidencia que demuestra que una persona está en condiciones de salir antes de la cárcel.
