Advertencia: Esta publicación aborda testimonios de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, cuyo contenido podría ser perturbador. Se recomienda leerla con cautela. Se omitieron antecedentes para proteger la identidad y la dignidad de las víctimas.
Entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron una rebaja de sus penas por vía administrativa durante el gobierno de José Antonio Kast, hay agresores considerados con alta probabilidad de reincidir, descritos con rasgos de “frialdad” y sin arrepentimiento por sus delitos ni empatía hacia quienes atacaron.
Bío Bío revisó miles de páginas de expedientes judiciales, reportes de Gendarmería y decretos, y logró identificar a 33 de las personas beneficiadas. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue quien firmó más rebajas, con 22 documentos autorizados. El subsecretario de la cartera, Luis Silva, aparece en otros 10, mientras que Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos, firmó uno.
La información recopilada da cuenta de los delitos, las penas impuestas y el tiempo que se acortaron las condenas. El cruce de antecedentes muestra que actualmente todos están en libertad. Algunos ni siquiera son conocidos por sus víctimas, que solo supieron de ellos después de que Interferencia destapara el caso.
El hermano Quelo
Luis Caamaño Mora, llamado el “Hermano Quelo”, está entre quienes recibieron el beneficio durante el gobierno de Kast. Lideraba en Talcahuano una comunidad religiosa cuyos miembros lo consideraban un enviado de Dios. El grupo llegó a tener cerca de cien integrantes, que finalmente se instalaron en una vivienda facilitada por uno de ellos. En el juicio en su contra, una testigo contó que la convencieron de que mantener relaciones sexuales con el líder obedecía a un supuesto propósito divino.
En dos causas fue sentenciado a un total de 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violaciones reiteradas. Una vez recluido en El Manzano, llegó a encabezar el pabellón de internos evangélicos. Un decreto suscrito por el ministro Rabat le otorgó una rebaja de 30 meses.
José Luis Hernández Paredes, cabo primero del Regimiento Yungay, recibió una condena de 16 años de prisión por violación, abuso sexual y exhibición de pornografía contra dos niñas, que tenían seis y siete años al inicio de los abusos. Las agredía y les entregaba obsequios para que no hablaran. Una de las víctimas fue abusada durante cinco años. Su pena debía concluir en julio de 2028, pero un decreto firmado por Fernando Rabat la acortó en 24 meses, fijando su término en julio de 2026.
Un agresor múltiple
Patricio Alberto Arancibia Farfán se valió de la confianza que mantenía con el círculo de la víctima para abusar de ella en repetidas ocasiones. La niña tenía trece años y quedó embarazada a raíz de las violaciones. Arancibia fue condenado a cinco años de cárcel. Rabat firmó un decreto que le rebajó la pena en nueve meses, por lo que su condena, que debía terminar en marzo de 2027, concluyó en junio de 2026.
Juan Osvaldo Aceval Véliz fue acusado de agredir sexualmente a cuatro niñas. La Fiscalía sostuvo que, en uno de los casos, los abusos empezaron cuando la víctima tenía cinco años e incluyeron violaciones reiteradas hasta que cumplió doce. El acusado habría aprovechado la confianza que le tenía el entorno de la niña. La acusación también detalló abusos contra otras tres menores, de entre cuatro y nueve años. Luis Silva firmó el decreto que le concedió una rebaja de 27 meses.
Alto riesgo de reincidencia
Entre las personas favorecidas hay condenados por delitos sexuales a quienes se atribuye una alta posibilidad de reincidir. Bío Bío revisó evaluaciones de profesionales de Gendarmería que examinaron en profundidad a los agresores.
El análisis de los antecedentes revela elementos recurrentes en estos perfiles: dificultades para controlar impulsos, manipulación y justificación de las agresiones. Algunos describen los abusos como “juegos”, responsabilizan al consumo de sustancias o atribuyen directamente la culpa a las víctimas.
Jeison Emerson Palacios Cabrera fue sentenciado por abusar sexualmente de dos niñas. Una tenía alrededor de siete años; la otra fue agredida cuando tenía entre diez y once. Un decreto de Rabat redujo su pena en nueve meses y adelantó su fecha de término del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2026.
En un reporte de Gendarmería de septiembre de 2025, Jeison fue calificado como interno con “alto riesgo de reincidencia” en delitos sexuales. Sobre los hechos, el documento indica que “su relato oscila entre una justificación basada en consumo de sustancias y la atribución de responsabilidad a las víctimas”. Él afirmó que las niñas intentaron seducirlo y aprovecharse de su estado de conciencia disminuido después de consumir drogas y alcohol. Además de negar que recordara los delitos, habría “se jacta[do] de haber generado daño a las víctimas, señalando que ellas habían sido abusadas por otras personas, e incurrieron en culpas contra él con el fin de alejarlo de su pareja”.
Pedro Peña Silva recibió una condena de cinco años por abuso sexual y una rebaja de 11 meses, autorizada en un decreto firmado por Luis Silva. En abril de 2025 fue evaluado por especialistas. El informe señala que el puntaje inicial indicaba un riesgo medio de reincidencia sexual, pero que “el análisis cualitativo de los factores individuales y la responsividad permiten elevar dicha clasificación a un nivel alto”.
El documento también registra “características criminógenas relevantes, tales como dificultades en el manejo de la ira, tendencia a la intimidación y control, actividad sexual inapropiada y conductas sexistas, factores que inciden directamente en el riesgo específico de reincidencia sexual”.
Peña asistió al Taller de Ofensores Sexuales entre diciembre de 2022 y enero de 2024, pero no avanzó en reconocer el delito ni aceptó su responsabilidad. El informe señala que “en sus declaraciones, atribuye la denuncia a un acto de venganza por parte de la víctima, calificando su condena como injusta y posicionándose a sí mismo como víctima de las circunstancias judiciales”.
El documento concluye que “no se advierte rechazo explícito al delito, entendiéndose que no reconoce el ilícito en sí, denotando nula consciencia del mal causado y de la gravedad del ilícito frente a las repercusiones o consecuencias que pudiera tener la víctima”.
Sin conciencia del mal causado
Gabriel Reyes Rebolledo fue condenado a 15 años de prisión por violación y abuso sexual de una persona menor de 14 años. Pablo Mira firmó el decreto que le redujo la condena en 30 meses. En septiembre de 2024 fue sometido a evaluaciones. Tenía antecedentes por robo con fuerza y cumplía una pena por abuso reiterado y violación reiterada de una persona menor de 14 años.
En ese momento, su riesgo de reincidencia se estimó alto. El informe indica que se consideraba víctima “en relación a las circunstancias que provocan su estado de reclusión”. Durante la evaluación atribuyó la responsabilidad al sistema judicial y a la menor afectada, y mostró “careciendo de conciencia del mal causado”.
Heriberto Eliecer Alvarado Silva recibió una condena de seis años por abuso sexual impropio de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que le redujo la pena en seis meses. Personal de Gendarmería lo entrevistó a mediados de 2024. Según el acta, “el sujeto presenta negación ante el delito de violencia sexual cometido” y “no reconoce haber persuadido a la víctima y señala como inexistentes dos, de los tres episodios de violencia sexual”.
El acta añade que “debido a la negación del delito, no logra realizar ningún tipo de análisis frente a los factores que lo llevan a cometer el ilícito, tampoco demuestra empatía por el sufrimiento de la niña”. También señala que “el individuo no se reconoce como agresor sexual, descartando una posible intervención para ofensores sexuales”.
El informe plantea que, a partir de esos antecedentes, el condenado presenta serias dificultades para reconocer los factores que lo predisponen a cometer violencia sexual, lo que podría favorecer la comisión de nuevos delitos: “con todo lo descrito es posible identificar al sujeto como una persona con graves problemas de reconocimiento de los factores en su disposición a cometer violencia sexual, y que con ello se propicia la posibilidad de incurrir en nuevos delitos”.
En cuanto al área del patrón antisocial (PAS), el documento lo sitúa en un nivel de riesgo alto, pues mantiene una actitud favorable al delito y no reconoce su conducta violenta contra la infancia: “el usuario mantiene un nivel de riesgo ALTO. Ya que el usuario mantiene una tendencia a favor del delito, no reconoce su conducta desajustada que atenta de manera violenta contra la infancia”.
Waldo Gómez Mondaca fue sentenciado a seis años por abuso sexual y obtuvo una rebaja de 21 meses a través de un decreto firmado por Fernando Rabat. Un informe de marzo de 2025 fue elaborado cuando postuló a la libertad condicional. Los profesionales que lo evaluaron calcularon que tenía un riesgo alto de reincidir en delitos comunes y medio en delitos sexuales. En otras palabras, lo describieron como “multirreincidente legal y criminógeno”, con una “trayectoria desde la infancia en la comisión delictiva y en el cumplimiento de condena”.
El reporte indica que “cuenta con versatilidad delictiva y escala de gravedad de delitos”. Además, señala que “tras la triangulación de las evaluaciones realizadas, el informado no presenta rasgos psicopáticos, que subyacen a su accionar delictivo, sino más bien actitudes que justifican y apoyan la consecución delictiva como medio de subsistencia”. El informe también advirtió que el condenado “negación y minimización de la violencia sexual ejercida”.
Las víctimas no reciben aviso
El procedimiento para rebajar condenas por conducta sobresaliente difiere de la libertad condicional, que establece expresamente que la víctima debe ser notificada y que su opinión puede ser escuchada antes de autorizar la salida.
La ley define la rebaja de pena como una decisión administrativa que Gendarmería y el Ministerio de Justicia tramitan mediante un Decreto Supremo. Ninguna disposición obliga a comunicar la medida a las víctimas o a sus familiares.
Fuentes consultadas por Bío Bío sostienen que esta falta de aviso ha dejado a las víctimas de delitos sexuales “a ciegas” frente a los decretos del gobierno. Otros 23 condenados también fueron liberados, pero este medio no logró identificarlos antes del cierre de esta edición.
Al tratarse de un beneficio, no hay un procedimiento establecido para notificar automáticamente a las víctimas antes de que la persona condenada recupere la libertad.
Especialistas familiarizados con la aplicación de la ley señalan que Gendarmería de Chile tiene a su cargo la creación, actualización, conservación y custodia del Registro de Personas Beneficiadas, vigente desde febrero de 2003.
Fuentes de alto nivel que conocen estos procedimientos al interior de la institución explican que, una vez recibidos los decretos de rebaja emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería debe ejecutar inmediatamente las excarcelaciones correspondientes, siempre que haya llegado la nueva fecha de término de la pena y no existan otras resoluciones judiciales que justifiquen mantener a la persona privada de libertad.
La exigencia tiene consecuencias: según las mismas fuentes, una demora injustificada para liberar a alguien podría generar responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios, al extender ilegalmente la privación de libertad.
Revise la nómina de los 33 beneficiados
1. Pascual Sergio Gutiérrez Huerta: recibió una condena de cinco años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Luis Silva firmó el decreto que le otorgó una rebaja de 11 meses.
2. José Jaime Silva Olivares: fue condenado a cinco años y un día por abuso sexual impropio reiterado. Obtuvo una reducción de nueve meses mediante un decreto firmado por Luis Silva.
3. Héctor Remigio Orellana Araya: recibió una pena de 10 años por violación de una persona menor de 14 años. Luis Silva suscribió el decreto que le rebajó la condena en 18 meses.
4. Pablo Eduardo Altamirano Valencia: fue sentenciado a siete años y 184 días por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que le concedió 15 meses de rebaja.
5. Patricio Alejandro Ramírez Osorio: recibió una pena de cinco años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Su condena se redujo en 10 meses mediante un decreto firmado por Fernando Rabat.
6. Eduardo Domingo Narváez Navarro: fue condenado a 10 años por abuso sexual reiterado de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó un decreto que le redujo la pena en 17 meses.
7. Pedro Enrique Peña Silva: recibió una condena de cinco años por abuso sexual. Luis Silva autorizó una rebaja de 11 meses mediante un decreto.
8. Heriberto Eliecer Alvarado Silva: fue sentenciado a seis años por abuso sexual impropio de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que rebajó su pena en seis meses.
9. Patricio Alberto Arancibia Farfán: recibió una pena de cinco años por violación reiterada de una persona menor de 14 años. Un decreto firmado por Fernando Rabat le concedió una reducción de nueve meses.
10. Jordan Ignacio Celedón Villalba: fue condenado a cinco años por violación reiterada de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que le redujo la condena en nueve meses. La nueva fecha de término quedó establecida para junio de 2026.
11. Eduardo Alberto Escobar Herrera: recibió una condena de 10 años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat autorizó una rebaja de 12 meses y 18 días mediante decreto.
12. Roberto Hernán Correa Catalán: fue condenado a seis años por abuso sexual y a tres años por violación. Un decreto firmado por Fernando Rabat le redujo las penas en 16 meses.
13. Luis Caamaño Mora: recibió condenas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violaciones reiteradas. Fernando Rabat firmó el decreto que le rebajó 30 meses.
14. Justo Emilio Vargas Gómez: fue sentenciado a ocho años por abuso sexual y violación. Obtuvo una reducción de 13 meses por decreto firmado por Fernando Rabat.
15. Patricio Esteban Echeverría Rodríguez: recibió una condena de 15 años por violaciones reiteradas y abuso sexual. Fernando Rabat autorizó una rebaja de 30 meses.
16. Jeison Emerson Palacios Cabrera: fue condenado a cinco años por delitos sexuales. Un decreto suscrito por Fernando Rabat le redujo la condena en nueve meses.
17. Juan Daniel Fuentes Pérez: recibió una pena de cinco años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que le otorgó 10 meses de rebaja.
18. Maiker Isaac Villarroel Leiva: fue condenado por violación de una persona menor de 14 años. Luis Silva autorizó una rebaja de cinco meses mediante decreto.
19. Daniel Hernán Jiménez González: recibió una condena de ocho años por abuso sexual impropio. Fernando Rabat firmó el decreto que redujo su pena en 18 meses.
20. Juan José Soto Aro: fue sentenciado a 541 días de presidio menor por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Luis Silva aprobó una reducción de tres meses mediante decreto.
21. Juan Carlos Castillo Pereira: recibió cinco años de condena por abuso sexual reiterado de una persona menor de 15 años. Un decreto firmado por Luis Silva le rebajó la pena en 10 meses.
22. Luciano Isaías Valladares Jeldres: fue condenado a cinco años y un día por violación reiterada. Luis Silva firmó un decreto que redujo su condena en seis meses.
23. Waldo Gómez Mondaca: recibió una pena de seis años por abuso sexual. Fernando Rabat autorizó una rebaja de 21 meses mediante decreto.
24. Domingo Hernán Astudillo Chacana: fue sentenciado a 17 años por abuso sexual impropio y violación de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que redujo su condena en 31 meses. Los antecedentes recopilados indican que ya había obtenido una rebaja de 25 meses por buena conducta.
25. Boris Rodrigo Contreras Silva: recibió cinco años y un día de condena por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat suscribió el decreto que le concedió una reducción de 10 meses.
26. Germán Fernando Leal Sáez: fue condenado a penas que totalizaban 20 años por violación y abuso sexual de una persona menor de edad. Fernando Rabat firmó un decreto que le rebajó la condena en 36 meses.
27. Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar: recibió una condena por violación y una reducción de ocho meses mediante un decreto firmado por Luis Silva.
28. José Luis Hernández Paredes: fue sentenciado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico. Fernando Rabat firmó el decreto que redujo su condena en 24 meses.
29. Miguel Eduardo Alvarado del Valle: recibió 14 años de condena por violación de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat aprobó una rebaja de ocho meses mediante decreto.
30. Juan Osvaldo Aceval Véliz: fue condenado a 12 años por abuso sexual de una persona menor de edad y a 540 días por abuso sexual. Luis Silva firmó un decreto que redujo sus penas en 27 meses.
31. Florentino Segundo Quijada Villar: recibió cinco años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Un decreto suscrito por Fernando Rabat le otorgó nueve meses de rebaja.
32. Gabriel Rosauro Gatica Jara: fue sentenciado a tres años y un día por abuso sexual de una persona menor de 14 años. Fernando Rabat firmó el decreto que redujo su condena en seis meses.
33. Gabriel Hernán Reyes Rebolledo: recibió una condena de 15 años por violación y abuso sexual de una persona menor de 14 años. Pablo Mira firmó el decreto que le concedió una rebaja de 30 meses.
Actualmente, todos ellos están en libertad.
Autoridades siguen en sus puestos
Tras conocerse el escándalo, el Gobierno informó que analizará cada decreto y buscará mecanismos legales para dejar sin efecto sus consecuencias. No obstante, todavía no ha precisado de qué manera lo hará ni si la ley lo permite. Kast prometió acompañar a las víctimas, pero hasta ahora no se ha presentado un plan específico de apoyo.
Mientras continúa el análisis, Rabat, Silva y Mira seguirán en sus cargos en el Ministerio de Justicia. Kast descartó reemplazarlos y pidió al ministro aclarar lo sucedido y encabezar las medidas para enfrentar lo que el mandatario reconoció como un error. Su respaldo no ha puesto fin a la crisis, despejado las críticas políticas ni descartado que el Congreso impulse una acusación constitucional.
