La permanencia de Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia empezó a ser cuestionada por parlamentarios oficialistas tras las reducciones de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Esto ocurre mientras cobra fuerza la posibilidad de una acusación constitucional.
Los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI) se unieron a quienes exigen que el ministro deje su cargo. Citaron la gravedad de los antecedentes revelados y sostuvieron que la protección de niños, niñas y adolescentes debe estar por encima de las consideraciones políticas.
La polémica surgió al conocerse que, entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena: 29 a personas condenadas por violación y 27 por abuso sexual contra menores. Rabat defendió la decisión de su cartera, afirmando que se actuó de acuerdo con los criterios fijados por la Corte Suprema.
Diputados oficialistas ponen en duda la continuidad de Rabat
El diputado de RN Eduardo Durán calificó la situación de insostenible y aconsejó al ministro renunciar, aunque expresó su apoyo general a la gestión del Gobierno.
El parlamentario instó al ministro a apartarse del cargo por el bien del país y describió lo ocurrido como una serie de errores graves que no deberían producirse.
Durán también propuso cambiar la ley para excluir de las rebajas de condena a quienes hayan sido sentenciados por violación o abuso sexual contra menores. Sobre una posible acusación constitucional contra Rabat, no anticipó su decisión y sostuvo que corresponde evaluarla cuando se presente.
“Error garrafal”
En términos similares, el diputado UDI Omar Sabat sostuvo que Rabat debe dejar el ministerio y tildó lo sucedido de “error garrafal”, debido a los riesgos que, a su entender, supone la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores.
La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI), por su lado, planteó que el Ejecutivo debería evaluar nuevamente la continuidad de Rabat, pues la controversia está perjudicando al Gobierno.
Pérez afirmó que la infancia debe ser una prioridad innegociable y que la lealtad de los parlamentarios debe estar con los niños. Añadió que su postura se basa en la importancia de anteponer a las víctimas a las diferencias políticas.
Además, Pérez dijo esperar que no sea necesario recurrir a una acusación constitucional, ya que, a su juicio, el Ejecutivo debe hacerse cargo políticamente de lo sucedido.
Valenzuela atribuye responsabilidad al Congreso
El diputado independiente-RN Daniel Valenzuela expresó una opinión diferente: pidió examinar el origen de la controversia y criticó que no se hayan aprobado cambios legales en los últimos años.
Según el parlamentario, el Congreso Nacional no actuó durante más de dos décadas frente a este asunto, por lo que también responsabilizó a quienes pudieron promover modificaciones legislativas.
Valenzuela admitió que Rabat cometió un error y consideró que pudo haber renunciado. Sin embargo, cuestionó que algunos sectores políticos se presenten hoy como defensores de la infancia, pese a no haber impulsado antes reformas en esta materia.
