El titular de Justicia respondió a una consulta sobre si seguir en el puesto podría estar afectando al Gobierno, en un contexto marcado por las críticas tras la liberación de 56 personas condenadas que obtuvieron reducciones de sus penas.
No obstante, Rabat no quiso ahondar en los reparos a su continuidad y se limitó a remitirse a la decisión del presidente de la República, José Antonio Kast, quien confirmó que seguiría al frente del ministerio.
“Bueno, considero que el Presidente de la República ya respondió ayer al ratificar a este Ministro de Justicia”, contestó el secretario de Estado cuando le preguntaron si su permanencia estaba dificultando el trabajo del Ejecutivo, ante los nuevos antecedentes, las amenazas de acusaciones constitucionales y las críticas por su participación en instancias parlamentarias.
Condenados por pederastia, violación y abuso sexual que quedaron en libertad
La consulta surgió en medio de la polémica por los 56 condenados que consiguieron una reducción de sus penas y fueron puestos en libertad, un escenario que ha suscitado críticas al proceso y cuestionamientos políticos a la labor del Ministerio de Justicia.
Consultado por su responsabilidad en estos casos, Rabat ha reiterado que el ministerio carece de facultades para valorar el fondo de las solicitudes. Esa labor recae en una comisión especializada compuesta por ministros de Cortes de Apelaciones, jueces, psicólogos y asistentes sociales.
De acuerdo con sus explicaciones, la función de la cartera consiste únicamente en comprobar que se cumplan ciertos requisitos y formalidades, sin evaluar los antecedentes específicos de cada persona condenada.
Iniciativas posteriores a la crisis
Al mismo tiempo, el secretario de Estado informó que el Gobierno prepara un proyecto de ley para cambiar el procedimiento y prevenir que se repitan hechos similares. Una de las propuestas contempla dar el carácter de antecedente calificado a los informes de Gendarmería de Chile al momento de revisar las solicitudes.
Rabat añadió que se analizan opciones para responder a los casos que ya culminaron con la liberación de condenados, aunque admitió que las medidas administrativas dependerán del avance de los proyectos de ley ingresados al Congreso.
Asimismo, afirmó que el Ejecutivo coordina acciones con diversas instituciones para atender la situación de las víctimas.
A pesar de las críticas, el ministro concluyó su respuesta sobre su permanencia en el cargo aludiendo a la determinación del Presidente, sin contestar directamente si estima que continuar en el puesto podría tener un costo político para el Gobierno.
