La polémica por las rebajas de condena generó divisiones dentro del oficialismo. Algunos sectores solicitan la renuncia del Ministro de Justicia Fernando Rabat y otros consideran posible apoyar una acusación constitucional, mientras varias voces han responsabilizado al gobierno anterior.
Sin embargo, esa defensa deja de lado una diferencia fundamental: no es equivalente rechazar las solicitudes y defender esa decisión ante los tribunales que conceder los beneficios directamente.
Ramírez: “También ocurrieron en el gobierno anterior”
La Ley 19.856 establece las reglas para las rebajas de condena y fue modificada en 2022 por la Ley 21.421 para excluir delitos sexuales contra personas menores. El debate legal se centra en si esa exclusión se aplica a hechos cometidos antes de la reforma.
Durante la administración anterior, el Ministerio de Justicia rechazó solicitudes y defendió su postura ante los tribunales. En cambio, los decretos que hoy están bajo cuestionamiento aprobaron los beneficios administrativamente, sin que existiera una orden judicial que exigiera concederlos.
En medio de ese escenario, y luego de las revelaciones de Interferencia y el reportaje de BioBioChile sobre los antecedentes de los condenados favorecidos, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció la gravedad de los casos, aunque planteó que la atención debía estar en una reforma legal.
Ramírez dijo que lo relevante es lo que suceda de aquí en adelante. Respecto de la permanencia de Rabat, señaló que el Presidente ya había fijado su postura.
Al ser consultado por los informes de BioBioChile sobre el riesgo de reincidencia de los condenados, su falta de reconocimiento de los delitos y la ausencia de empatía hacia las víctimas, Ramírez desvió la respuesta hacia el gobierno anterior.
Afirmó que las situaciones mencionadas —personas que no comprenden sus actos, no muestran arrepentimiento, no dimensionan su gravedad o podrían reincidir— no corresponden únicamente a la actual administración, pues también se dieron durante el gobierno del presidente Boric en casos donde los condenados obtuvieron el beneficio mediante órdenes judiciales.
Ramírez describió lo conocido durante los últimos días como “francamente perturbador”, aunque atribuyó el problema al sistema y sostuvo que la institucionalidad no está funcionando.
Moreno critica lo que no se hizo anteriormente
El diputado republicano Benjamín Moreno admitió que, a su juicio, se trata de “un error político y no jurídico” y respaldó la actuación del ministro. Además, sostuvo que las críticas buscan perjudicar al Ejecutivo y generar un daño al Gobierno.
Moreno aludió a los rechazos dictados durante la administración anterior y a los fallos que, según indicó, terminaron imponiendo la concesión de las rebajas. También cuestionó que esas autoridades no promovieran antes una modificación legal.
Según planteó, las alarmas no se encendieron ni cuando se llegó al caso 89 ni al alcanzar el caso 128.
Cuestionamientos a Gajardo, Cordero y Ríos
En redes sociales, el diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del presidente Kast, afirmó que las sentencias desfavorables evidenciaban que las autoridades anteriores habían cometido un error.
Escribió que el exministro había recibido 276 fallos judiciales en contra que le ordenaban actuar, y cuestionó que luego calificara de error jurídico la conducta de otra persona.
El diputado republicano Luis Sánchez atribuyó la responsabilidad a quienes ocuparon antes el Ministerio de Justicia y sostuvo que los ministros Gajardo, Cordero y Ríos habían liberado a 276 personas.
Añadió que, aunque presentaron recursos ante los tribunales, sabían que serían rechazados. También cuestionó por qué no ingresaron un proyecto de ley y preguntó qué estaban ocultando.
Rechazar las solicitudes y conceder los beneficios son decisiones distintas
La defensa, no obstante, omite una diferencia clave. En los casos judicializados que se citan, el gobierno anterior rechazó las solicitudes y sostuvo esa decisión ante los tribunales, incluida la Corte Suprema. Las rebajas que finalmente tuvo que otorgar se concretaron por mandato de resoluciones judiciales.
Los decretos cuestionados ahora, en cambio, aprobaron los beneficios directamente. Aunque ambos procesos podían acabar en una disminución de la pena, la actuación del Ejecutivo no fue la misma: en el primero se opuso y defendió su posición ante la justicia; en el segundo concedió las rebajas sin una disputa judicial previa. Esa diferencia es uno de los aspectos que motivaron las críticas contra Rabat.
Las críticas al gobierno anterior tampoco reflejan la postura de todo el sector. Algunos representantes oficialistas no descartan respaldar una eventual acusación constitucional, mientras otros han solicitado directamente que Rabat deje el cargo, entre ellos María José Gatica, Rojo Edwards y Marlene Pérez.
