El Ministerio de Educación presentó ante la Contraloría General de la República el reglamento que autorizará a los establecimientos educacionales a utilizar detectores de metales y otras herramientas tecnológicas para identificar armas y objetos peligrosos.
La normativa define los requisitos que deberán cumplir los colegios para sumar estos equipos, en un contexto de inquietud por la seguridad y la circulación de elementos peligrosos en las comunidades escolares.
Su uso no se aplicará de manera automática: los sostenedores tendrán que fundamentar la necesidad de los sistemas con información que dé cuenta de riesgos específicos y acreditar que la medida es adecuada y proporcional.
Entre las tecnologías previstas figuran detectores de metales, dispositivos manuales y sistemas automatizados para detectar amenazas. El reglamento también establece límites destinados a resguardar la privacidad: los aparatos no podrán producir imágenes corporales ni recurrir al reconocimiento facial o biométrico.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que, aunque no se opone a la iniciativa, la considera una respuesta desmedida.
“En las comunidades que estimen que un detector puede brindarles calma o alivio temporal, nunca hemos rechazado que se instale. Sin embargo, presentarlo, como ocurrió en su momento, como la respuesta a la violencia es claramente excesivo”, cuestionó.
La directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, señaló que el reglamento presentado por el Gobierno ante la Contraloría contiene una contradicción.
“El texto establece cómo autorizar la instalación del equipo, pero no indica qué hacer con un estudiante si se activa la alarma. Además, existe una inconsistencia: la Ley Escuelas Protegidas exige reportar cada semestre los resultados de las revisiones de mochilas, mientras que no se pide informar sobre los pórticos que controlan diariamente a todos los estudiantes”, advirtió.
Para incorporar estas herramientas, cada establecimiento deberá preparar un protocolo interno que explique cómo operarán y qué pasos seguir ante la detección de objetos peligrosos. También necesitará un informe técnico de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el visto bueno de la Subsecretaría de Educación.
La regulación incluye medidas de protección para los estudiantes: la comunidad educativa deberá ser informada con anticipación y los apoderados tendrán que ser notificados si se encuentran elementos peligrosos. Los procedimientos deberán proteger la privacidad, prevenir la discriminación arbitraria y priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Tras la revisión del reglamento por parte de Contraloría y el cumplimiento de los trámites requeridos, los establecimientos podrán iniciar las solicitudes para instalar estos dispositivos. La medida busca fortalecer la seguridad en las escuelas mediante las condiciones y protecciones que fija la normativa.
