Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) pidieron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que nombre un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la denuncia que interpusieron contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de esa cartera, Luis Silva, por presunta prevaricación administrativa.
La acción judicial se relaciona con 56 decretos del Ministerio de Justicia que concedieron rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
El documento sostiene que los decretos desconocen expresamente el carácter obligatorio de la ley y justifican esa postura mediante una interpretación jurisprudencial mayoritaria, además de la necesidad de impedir “una judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.
Asimismo, plantea que “el Ministro no tiene atribuciones para anteponer criterios jurisprudenciales a una disposición legal explícita ni para modificar el principio del efecto relativo de las sentencias”.
Después de presentar la denuncia, los diputados Santana y Cuello solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que asigne un fiscal exclusivo para llevar adelante la investigación.
Nombramiento de un fiscal exclusivo
En la petición, argumentan que se trata de una investigación compleja, pues “implica examinar numerosos decretos de rebaja de condenas y el asunto ha provocado una fuerte conmoción pública y recibido amplia cobertura mediática”.
También recalcaron que “la investigación involucra a altas autoridades del Gobierno, por lo que el rango de las personas investigadas es relevante y los hechos afectarían a menores de edad; por ello, se trata de hechos de máxima gravedad”.
