Durante su intervención ante el pleno de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, intentó respaldar las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores al exhibir un decreto de la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, el caso citado tenía una diferencia decisiva: la víctima era una mujer adulta. Por ese motivo, no estaba sujeto a la prohibición establecida en 2022 para ciertos delitos sexuales contra menores, cuya aplicación está en el centro de la controversia.
Representantes oficialistas amplificaron la comparación y aseguraron que el condenado había violado a una menor. Mega difundió también esa información, pero después debió corregirla.
El episodio suma críticas a los argumentos de Rabat, quien ha mencionado fallos anteriores para defender las aprobaciones. No obstante, al revisar las resoluciones vinculadas a los 33 beneficiados identificados por BioBioChile, se constató que solo una contenía una orden explícita de otorgar la rebaja. La intervención judicial no fue igual en todos los casos.
El error de fondo cometido por Rabat debilitó todavía más la defensa del ministro y su intento de responsabilizar al gobierno anterior, en una controversia que se ha transformado en una de las crisis más graves del Gobierno.
La comparación fallida de Fernando Rabat
Rabat sostuvo que, entre los antecedentes filtrados desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se había difundido un decreto suscrito directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio de 2025. Según afirmó, ese documento citaba la jurisprudencia reiterada de los tribunales y reducía la condena de un violador sin esperar a que se presentara un recurso de amparo.
Al plantear ese argumento durante la sesión especial, el ministro Fernando Rabat se refirió a un decreto firmado bajo la administración anterior. Allí mantuvo su defensa de las rebajas y cuestionó tanto al Congreso como al gobierno de Boric.
La comparación se deshizo rápidamente.
Como la víctima era adulta, el caso presentado por Rabat no estaba alcanzado por la exclusión específica. La Ley 19.856, aprobada en 2003, permite disminuir condenas por conducta sobresaliente si se satisfacen los requisitos y no se configura alguna causal de exclusión. Sin embargo, una reforma incorporada en febrero de 2022 prohibió el beneficio para ciertos delitos cometidos contra personas menores de 18 años, incluidos la violación y el abuso sexual.
Oficialistas amplificaron el error
El diputado Agustín Romero (REP) difundió la versión incorrecta y sostuvo que Mega había revelado que el gobierno de Boric concedió un beneficio a quien violó a una menor sin que mediara esa orden, acusando a sus adversarios de haber sido sorprendidos mintiendo.
Leandro Kunstmann (REP) aseguró, asimismo, que durante el gobierno de Boric se había rebajado “por decreto la condena a un violador de una menor”.
En la Cámara, Constanza Hube (UDI) afirmó que había decretos “por orden de Boric” que reducían penas por violaciones de menores, pero no identificó el caso en la declaración citada.
El diputado Daniel Manouchehri pidió que se corrigiera la información y recalcó que la acusación de que el gobierno anterior había rebajado la condena a un violador de una menor era falsa, pues la víctima era una mujer adulta.
La judicialización: ¿qué ordenaban los tribunales?
En su defensa, Fernando Rabat también ha aludido a recursos judiciales presentados previamente para justificar las aprobaciones. Pero acudir a los tribunales no implica automáticamente que estos hayan ordenado conceder una rebaja.
Una revisión de Bío Bío muestra que, entre los 33 pederastas identificados por este medio, solo en un caso el Ministerio de Justicia tenía la obligación de conceder el beneficio, por mandato de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Aun así, el decreto correspondiente no menciona esa razón y no se sabe con certeza si la cartera consideró el fallo del tribunal de alzada antes de suscribirlo.
En otros 15 casos, la Corte Suprema y distintas cortes de apelaciones acogieron recursos de amparo presentados por los pederastas contra la Comisión de Rebaja de Condena. Las resoluciones dispusieron que esa instancia —y no el Ministerio de Justicia— corrigiera aspectos formales de las solicitudes de los condenados. Entre otras medidas, se pidió revisar nuevamente la calificación de la conducta de los internos o convocar otra vez a la comisión para oír las peticiones de los reos.
En ninguno de esos 15 casos se ordenó a Rabat y a su equipo firmar los decretos: la decisión correspondió exclusivamente al Gobierno.
Una controversia que no cierra
La polémica se inició cuando Interferencia dio a conocer 56 decretos por delitos sexuales contra menores dictados durante la administración actual: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Más tarde, un reportaje de Bío Bío informó que varios de los beneficiados presentaban un alto riesgo de reincidencia. La reacción en el Congreso desembocó en el anuncio de una acusación constitucional.
Rabat ha respaldado las aprobaciones con referencias a la Constitución, la ley y decisiones judiciales anteriores. En la Cámara, argumentó que Justicia debía limitarse a formalizar lo resuelto por las comisiones y que volver a examinar los antecedentes habría sobrepasado sus facultades. No ofreció disculpas ni aceptó que aprobar las rebajas hubiera sido un error, aunque reconoció que el procedimiento no considera la opinión de las víctimas.
Este jueves, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que hubo un error político y humano en la gestión de las rebajas de condena. A la vez, insistió en que Fernando Rabat actuó dentro de sus obligaciones y que no hay fundamentos para una acusación constitucional. Pese a esas declaraciones y al respaldo del presidente Kast, la presión sobre Rabat se mantiene: se anunció una acusación constitucional y hubo manifestaciones frente a Justicia durante dos días seguidos.
