La bancada del Partido Nacional Libertario señaló que evalúa presentar varias acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, pues considera que tienen responsabilidad en las reducciones de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
En la postura del partido de derecha, los magistrados fueron quienes “abrieron la puerta” a esas rebajas. También sostienen que ha sido injusto que la oposición se “tire en picada” contra el ministro Rabat, mientras los integrantes de la Segunda Sala —encargada de revisar causas penales— han modificado su criterio en numerosas solicitudes de este tipo con el paso del tiempo.
La colectividad plantea que los jueces deben “aplicar la ley y no reescribirla” y que, aunque resulte “atractivo” responsabilizar al ministro por el escándalo, el Congreso debe intervenir si se confirma que los magistrados actuaron de forma errónea.
La decisión fue confirmada por Paulina Muñoz, subjefa de bancada de la colectividad.
“Como bancada estamos analizando seriamente una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, porque fueron ellos quienes permitieron que se rebajaran las condenas de violadores y abusadores de niños”, afirmó.
Fuentes judiciales indican que las reducciones de penas cuentan con respaldo legal, que los recursos son procedentes y que no hay una jurisprudencia consolidada. A esto se suma que la integración de las salas cambia, lo que dificulta afirmar que sus miembros sostengan un criterio constante ante causas o solicitudes parecidas.
Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, describió la propuesta como “una cortina de humo” y dijo que no la respaldará. También recordó un aspecto de la polémica vinculado a transgresiones al derecho internacional en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que, a su juicio, no cabe atribuir responsabilidad política a los ministros de la Corte.
“Son cortinas de humo. Los tribunales, en efecto, cuentan con jurisprudencia asentada. Lo que el ministro y el oficialismo omiten irresponsablemente es que no se trata únicamente de una cuestión de derecho interno: los fundamentos de los decretos e incluso de los fallos de la Corte Suprema que han acogido recursos de amparo se basan precisamente en tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.
Aunque esa postura fue descartada, todavía no está definida buena parte de las decisiones que deberán tomar asesores y parlamentarios de oposición. Los críticos de la iniciativa sostienen que el oficialismo intenta desviar la atención, pues el problema político está en los casos en que el Gobierno concedió rebajas de condena por vía administrativa, sin que mediara una resolución judicial.
Por su parte, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, considera prematuro cerrar por completo esa posibilidad y afirma que el sector resolverá tras realizar un análisis jurídico.
“Se está preguntando si se incluirá a ministros de la Corte Suprema. No lo sabemos: podría ocurrir o no. Para eso están los abogados constitucionalistas, porque esto no es un juego ni un gallito político”, sostuvo.
El excandidato presidencial Johannes Kaiser también evitó cerrar la puerta al tema, pese al anuncio de la bancada de su partido. Explicó que el análisis permitirá establecer si hay fundamentos jurídicos para configurar un “notable abandono de deberes”, única causal que habilita a la Cámara de Diputadas y Diputados para formular una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema.
