Este miércoles, la oposición informó que impulsará una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de la polémica generada por las reducciones de condenas concedidas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos graves, incluidos pederastas y responsables de violaciones a los derechos humanos.
La determinación se dio a conocer tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el secretario de Estado respondió a las críticas. La oposición sostiene que el ministro se extralimitó en sus facultades y actuó en contra de la ley, planteamientos con los que pretende fundamentar la acusación constitucional.
¿En qué consiste este mecanismo y cuáles serían las consecuencias para el ministro si la acusación prospera?
El procedimiento de una Acusación Constitucional en Chile
La Constitución vigente establece que este mecanismo jurídico-político puede presentarse contra gobernadores, ministros de Estado, integrantes de los tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales.
Su propósito es exigir responsabilidad a las principales autoridades públicas por delitos, transgresiones a la Constitución o las leyes, o abusos de poder cometidos en el desempeño de sus funciones.
La iniciativa debe contar con el respaldo de entre 10 y 20 diputados y presentarse mientras la autoridad ejerce el cargo o dentro de los 3 meses siguientes a su salida. Durante ese periodo, no podrá salir del país sin autorización de la Cámara. Para los presidentes, el plazo posterior al término del mandato es de 6 meses.
Presentada la acusación, la Cámara de Diputadas y Diputados deberá designar una comisión integrada por 5 miembros para que evalúe si corresponde darle curso. Tras recibir la notificación, la persona acusada dispondrá de hasta 10 días para comparecer y defenderse personalmente o presentar sus descargos por escrito.
A continuación, la comisión contará con un periodo para analizar la acusación y emitir su informe, mientras la Cámara celebrará sesiones diarias dedicadas al caso. Antes del inicio de la discusión formal, “el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.
Si la Cámara acepta la cuestión previa, el procedimiento constitucional se cierra; si la rechaza, la acusación sigue adelante. Como paso final, la corporación votará si la admite.
El Senado también participa en este tipo de procesos y actúa como jurado. Le corresponde resolver si la autoridad, o quien haya dejado el cargo, es culpable del delito, la infracción o el abuso de poder que se le atribuye. La decisión requiere el voto de la mayoría de los senadores en ejercicio, o de dos tercios cuando la acusación se dirige contra un presidente o un gobernador.
Las sanciones al concluir el proceso
Si se establece la culpabilidad, la persona será removida de su cargo y quedará inhabilitada para ejercer funciones públicas durante 5 años.
La Constitución señala: “El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares”.
