La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresó su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de destituir al juez Daniel Urrutia, quien dirige la entidad, y denunció una afectación de la libertad sindical, el debido proceso y la independencia judicial.
En una declaración pública, uno de sus principales reparos se refiere al fuero sindical que, de acuerdo con la OTJ, protege a Urrutia conforme al artículo 25 de la Ley n.º 19.296.
La organización sostiene que esta garantía evita que quienes cumplen funciones de representación sindical sean apartados de sus cargos de manera arbitraria.
“Desconocer esta protección o interpretarla de forma restrictiva sienta un precedente muy preocupante para todas las organizaciones sindicales del Poder Judicial”, afirmaron en la declaración.
La entidad también cuestionó si la decisión del máximo tribunal fue proporcional, teniendo en cuenta los antecedentes del proceso disciplinario contra el magistrado por el uso de licencias médicas.
“Cuesta entender que, por hechos ya revisados por la Corte de Apelaciones de Santiago, que no impuso sanciones, la Corte Suprema optara por la sanción más severa prevista en nuestro ordenamiento”, sostuvieron.
A su juicio, el caso abre interrogantes acerca de la certeza jurídica, el respeto al debido proceso y los parámetros empleados para fijar sanciones disciplinarias.
OTJ compara la situación de Urrutia con la del ministro Antonio Ulloa
La organización señaló además que, en su opinión, la destitución de Urrutia refleja un contraste de criterios frente al caso del ministro Antonio Ulloa.
La OTJ recordó las críticas dirigidas a Ulloa por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla y los antecedentes sobre nombramientos judiciales, filtraciones de información reservada y posibles incumplimientos del deber de probidad.
“Aunque esos antecedentes son graves, la Corte Suprema no consiguió los votos requeridos para destituirlo”, objetaron.
Al comparar ambos casos, la entidad puso en duda que el máximo tribunal aplique criterios disciplinarios uniformes y pidió aclarar si sus resoluciones se basan únicamente en razones jurídicas objetivas.
“Para que exista confianza pública en la justicia, las decisiones disciplinarias deben fundarse en criterios jurídicos comprobables y no generar sospechas justificadas de trato preferencial o discriminatorio”, indicaron.
Señalan posible presión política y anuncian medidas
En su declaración, la organización relacionó la decisión con el contexto político y sostuvo que representantes de partidos de derecha habían reclamado públicamente que el magistrado fuera removido.
“La coincidencia de esas demandas con la resolución adoptada hace todavía más indispensable que la Corte Suprema exponga fundamentos suficientes, transparentes y estrictamente jurídicos, que permitan descartar influencias ajenas al derecho”, planteó la entidad.
Para concluir, manifestaron su apoyo a Urrutia, repudiaron su destitución y anunciaron su disposición a promover las acciones legales e institucionales pertinentes, en el país y en el ámbito internacional.
“La independencia judicial se ve menoscabada cuando la dureza de las sanciones parece variar según quién enfrenta el juicio, en vez de depender exclusivamente de la gravedad de los hechos. La justicia debe tratar a todos sus integrantes con los mismos estándares, sin privilegios, favoritismos ni represalias”, concluyeron.
