El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, afirmó este jueves que los gobernadores y la administración del presidente José Antonio Kast están cerca de cerrar un acuerdo para conservar los fondos regionales, en el contexto de la discusión del proyecto de Presupuesto 2027.
Durante su visita a la región del Bío Bío, donde asistió al Congreso de las Regiones 2026, la autoridad metropolitana estuvo en los estudios de La Radio en Concepción.
Al comentar el encuentro, que congregó a autoridades de diversas zonas del país, Orrego dijo que le dejó impresiones tanto positivas como negativas.
“Me voy con una mezcla de sensaciones agradables y amargas“, señaló en conversación con Radio Bío Bío. A su juicio, “este gobierno no ha contado ni cuenta aún con una agenda de descentralización”.
“El propio presidente de la República admitió que en sus campañas se manifestó fuertemente contra los gobernadores regionales elegidos democráticamente y contra la posibilidad de que las decisiones se tomen mejor desde las regiones, incluida la Metropolitana, que desde el gobierno central“, indicó.
“Por eso, no hay una dirección clara ni un plan para traspasar más atribuciones. En cambio, hemos observado que se frenó la transferencia de competencias y se detuvieron proyectos en regiones y en Santiago; iniciativas que ya estaban adjudicadas, como el corredor de transporte acá, o el GAM y la ciclovía de la Alameda en Santiago, que habían sido promovidas por las regiones, fueron suspendidas por este gobierno”, detalló.
“Diría que esa es la parte amarga: todavía no se aprecia voluntad política para avanzar en ese sentido“, enfatizó.
Por otro lado, explicó que “el aspecto positivo es que durante las últimas cuatro semanas los 16 gobernadores del país hemos estado en un conflicto bastante intenso con el gobierno central, debido a la reducción presupuestaria y a varias restricciones impuestas a nuestra gestión”.
Sin embargo, agregó: “Mediante conversaciones y también a través de la discusión pública, hemos progresado gradualmente y creo que estamos muy cerca de un acuerdo que no solo evitará recortes, sino que permitirá mantener los fondos regionales e incluso incrementarlos con ingresos propios y la venta de activos públicos”.
“Lo fundamental es que se otorguen las flexibilidades necesarias para que los Gobiernos Regionales puedan comenzar a ejecutar gastos el 1 de enero, y no en marzo o abril, como sucedía hasta ahora, con menos supervisión de la Dirección de Presupuestos“, recalcó.
En ese contexto, le preguntaron por el controvertido Caso Convenios y por sus posibles efectos en la autonomía de los Gobiernos Regionales.
“Creo que, al menos desde mi experiencia en la Región Metropolitana, y posiblemente también en la de mis colegas, cualquier irregularidad o delito debe ser sancionado y eliminado de raíz”, respondió.
“Hay que recordar que el Caso Convenios se originó en el Ministerio de Vivienda, no en los gobiernos regionales; resulta llamativo que nadie haya propuesto desmantelar ese ministerio por las faltas cometidas por algunas personas”, cuestionó.
El gobernador Orrego agregó: “Democracia Viva fue el primer caso. Después, en cuanto a las medidas de control en el sentido positivo, como más transparencia activa y pasiva y mecanismos de fiscalización, los gobernadores no hemos puesto objeciones“.
Pero fue categórico al señalar: “No estamos de acuerdo con que se nos diga: ‘El presupuesto público de Chile crecerá un 1,5%, pero a ustedes les recortaremos entre un 10% y un 20%’. Nos parece una contradicción, dado que el gobierno ha presentado su presupuesto como favorable al empleo y a la seguridad”.
“¿Quién está ejecutando obras hoy en las 345 comunas del país? Los gobiernos regionales. El Estado no tiene presencia en todas las comunas del mismo modo que los gobiernos regionales del Biobío, la Región Metropolitana, Aysén y Punta Arenas, en Magallanes”, sostuvo.
“Por eso, creo que el gobierno está contradiciéndose con sus propios argumentos. También debo ser justo: aunque hemos sido muy críticos en distintos temas, entre ellos la idea del ‘Chile a medias’, detener proyectos comprometidos por administraciones anteriores me parece una política de Estado muy mala. A largo plazo no solo encarece las obras, sino que además debilita la confianza de la ciudadanía y del sector privado”, criticó.
“En este caso, sin embargo, tras un mes de diálogo político, con el apoyo también del Senado, creo que estamos cerca de alcanzar un acuerdo beneficioso para las regiones. Este mantendría los estándares de transparencia y fiscalización que mencionas, pero también permitiría gestionar, porque si cada obra necesita 27 autorizaciones, finalmente no se concreta y la ciudadanía queda decepcionada”, destacó.
