La resolución de la Corte Suprema de destituir al juez Daniel Urrutia continúa provocando reacciones y reabrió el debate sobre los criterios aplicados para separar a magistrados del Poder Judicial.
La Organización de Trabajadores Judiciales, de la que Urrutia forma parte, sostuvo por medio de su presidente, Marcelo Acevedo, que la destitución no se ajustó a derecho. Además, anunció que intentarán llevar el caso fuera de los tribunales del país.
“Sin duda presentaremos recursos. Creo que aún tenemos una instancia nacional por la cuestión del fuero sindical, pero también acudiremos a organismos internacionales, tanto por el fuero sindical ante entidades de la OIT como por el cuaderno de remoción y, en general, por estos procedimientos, que no respetan el debido proceso”, afirmó.
No obstante, las opciones para cuestionar el fallo dentro del país son limitadas.
Por otra parte, la Asociación de Juristas por la Democracia expresó públicamente su oposición a la destitución de Urrutia. También criticó que se iniciara otro procedimiento para aplicar la sanción más severa por hechos que ya habían concluido con su sobreseimiento y absolución en la Corte de Apelaciones.
La entidad relacionó además el caso con los principios de independencia judicial y recordó la sentencia de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad internacional de Chile por vulnerar los derechos del magistrado.
El debate también involucra a quienes conservaron sus puestos. Entre ellos está el juez Óscar Pacheco, cuya defensa dijo estar conforme con que no fuera removido, aunque alertó sobre el impacto del proceso en los 56 magistrados que enfrentaron cuadernos de remoción.
María Soledad Molina, su abogada, criticó que la discusión pública acabara equiparando el reposo médico con una falta a la probidad y señaló que es necesario debatir sobre los derechos de los trabajadores judiciales.
“La condena social convirtió el reposo médico de un juez en un delito. Considero que esto representa un retroceso para los derechos sociales y afecta nuestra cultura jurídica. Este proceso nos deja una interrogante: ¿dónde está el límite entre el ejercicio de la función pública y la salud psíquica de quien la desempeña?”, planteó.
De este modo, mientras la Organización de Trabajadores Judiciales prepara recursos contra la salida de Urrutia, varias agrupaciones siguen poniendo en duda los procedimientos disciplinarios de la Corte Suprema. El proceso ha terminado con 18 jueces apartados del Poder Judicial.
