En esta jornada expira el plazo para presentar indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, mientras el Gobierno negocia con la oposición para consensuar una propuesta. El financiamiento continúa siendo el principal punto de desacuerdo: el Ejecutivo plantearía que el aporte de los empleadores sea transitorio, en tanto que algunos sectores opositores pretenden que se mantenga de forma permanente.
Este viernes termina el periodo para ingresar indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. La próxima semana comenzará su debate en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Durante la semana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha sostenido diversos encuentros con parlamentarios y bancadas para aproximar posturas en torno a los principales desacuerdos: la forma de financiar la iniciativa, los fondos para los jardines infantiles, el copago y el ritmo de incorporación de los trabajadores al beneficio.
Hace algunos días, la subjefa de bancada del PDG, Tamara Ramírez, informó a La Radio que las trabajadoras de casa particular accederán al beneficio desde el primer año, a través de una indicación del Ejecutivo.
La financiación, sin embargo, permanece como el mayor escollo para lograr un entendimiento. La propuesta inicial de destinar un 0,35% del fondo de cesantía fue descartada por el Senado y, además, no reúne los respaldos necesarios en la Cámara Baja para volver a presentarse.
Frente a esta situación, varios parlamentarios han propuesto fórmulas que contemplan aportes del fisco, los empleadores y los trabajadores. Aun así, el Ejecutivo pretende impedir que aumenten los costos de contratación, en un escenario marcado por la crisis de desempleo.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, indicó que el diálogo sigue en curso y que se han encontrado aspectos comunes que podrían servir de base para alcanzar un acuerdo.
“Hemos mantenido conversaciones con las bancadas opositoras. Nuestro gobierno está dispuesto a dialogar cuando ambas partes muestran voluntad para hacerlo. Creo que ese ánimo ha estado presente y confiamos en lograr un acuerdo”, señaló.
Por otro lado, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, admitió que el Gobierno está dispuesto a disminuir el efecto en el seguro de cesantía, pero anticipó que pedirán una contribución más significativa de los empleadores al financiamiento.
“Con excepción de un periodo transitorio que ahora incluye a las grandes empresas, el empleador queda completamente al margen de esta obligación. También pensamos que se puede encontrar una fórmula que afecte lo menos posible al seguro de salud”, afirmó.
La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, comentó que, por dificultades de agenda, no ha logrado reunirse con el equipo ministerial, aunque reconoció que el Ejecutivo ha manifestado disposición a dialogar.
La legisladora, que forma parte de la Comisión de Trabajo, detalló que su sector prepara asimismo una propuesta propia para compararla con las indicaciones que presente el Gobierno.
“También hemos estado preparando nuestras propias indicaciones, pues entendemos que una discusión de esta naturaleza no puede comenzar sin planteamientos concretos. Contamos con propuestas y el debate legislativo seguirá cuando la Comisión de Trabajo inicie el análisis en particular”, expresó.
Las conversaciones proseguirán durante este viernes, cuando faltan pocas horas para el cierre del plazo de indicaciones. En ese marco, el Ministerio del Trabajo contempla reunirse al menos una vez con el diputado socialista Nelson Venegas, con la intención de acercar las posiciones antes del inicio del debate en particular.
