Un hecho ha causado gran impacto entre los habitantes de Puerto Octay, región de Los Lagos, y también ha llamado la atención de parlamentarios. Un hombre quedó imposibilitado de pagar un crédito de consumo con BancoEstado tras enfrentar problemas de salud y perder su empleo. La entidad inició una acción judicial que, según se señala, el afectado desconocía; el proceso concluyó el 3 de septiembre con el remate de su único inmueble, situado en el área rural de Aguas Buenas.
Ante la gravedad del caso, el senador Fidel Espinoza informó que enviará oficios a la Presidencia de BancoEstado para pedir detalles sobre los procedimientos de cobranza judicial utilizados por los estudios jurídicos externos que trabajan para la entidad. También busca conocer cómo se determina la proporcionalidad al embargar y subastar viviendas de familias campesinas por deudas de bajo monto.
“Se trata de una familia de muy escasos recursos de Puerto Octay: un padre, su esposa y una hija menor de edad, en una situación socioeconómica precaria. El hombre quedó sin trabajo y enfermó hace un par de años. Tenía una deuda de tres millones de pesos con BancoEstado y, por ese crédito, nunca recibió una notificación en su domicilio”, señaló.
“En septiembre se concretó el remate, y el inmueble quedó en manos de los habituales especuladores, que utilizan información obtenida desde dentro del propio banco para adquirir terrenos a bajo precio. La propiedad, ubicada en Yerbas Buenas, tiene media hectárea y una casa; está tasada en 70 millones de pesos, aunque el esfuerzo de la familia durante años hace que su valor supere los 70 u 80 millones”, afirmó.
“Inaceptable e inexplicable”
Espinoza también cuestionó la conducta de BancoEstado, calificó de discriminatorio el trato que habría recibido el afectado y anunció que presentará un reclamo formal por lo ocurrido.
“La propiedad fue rematada por 11 millones de pesos y ahora pretenden dejar a la familia en la calle. Nos parece inadmisible e inexplicable que una institución pública —un banco que se presenta como de todos los chilenos— incurra en este tipo de acciones. Se ha dicho que la notificación se realizó verbalmente en el tribunal. ¿De qué manera se puede notificar en un tribunal a un campesino que vivía a más de 100 kilómetros?”, planteó.
“Es una actuación discriminatoria, inaceptable y vergonzosa de parte de los ejecutivos de BancoEstado, ante quienes presentaremos un reclamo formal. Queremos que dejen de operar esas verdaderas bandas de especuladores que rondan los bancos para conseguir información y rematar terrenos”, añadió.
Asimismo, se confirmó que se remitirán los antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero, para que conozca las prácticas de ejecución de bienes raíces pertenecientes a pequeños deudores rurales. También se enviarán a la Corte de Apelaciones de Valdivia, con el propósito de pedir que el tribunal de alzada use sus atribuciones disciplinarias y examine las actuaciones de ministros de fe en Osorno. En particular, se busca revisar las notificaciones practicadas en dependencias judiciales, que, según el senador, impiden a las familias campesinas ejercer su derecho a la legítima defensa.
