La Contraloría General de la República encontró fallas en el registro y la supervisión de 9.653 propiedades fiscales. La situación comprende, por una parte, bienes entregados a organismos públicos que no figuran en su contabilidad y, por otra, propiedades registradas contablemente que carecen de una destinación vigente otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Para realizar el análisis, se compararon los antecedentes de 109 entidades públicas centralizadas con los registros de ese ministerio, correspondientes al segundo semestre de 2025. Los resultados revelan falencias que dificultan la adecuada identificación y fiscalización de los bienes estatales.
Propiedades fiscales que no figuran en la contabilidad
La categoría más numerosa incluye 6.415 propiedades con destinación vigente que los servicios receptores no incorporaron a sus registros contables. Es decir, aunque están asignadas formalmente, no aparecen en las cuentas de esos organismos.
Las entidades vinculadas a Interior reúnen la cifra más alta, con 2.074 inmuebles. A continuación se ubican Defensa, con 1.411, y Obras Públicas, con 1.381.
El listado también considera a Justicia y Derechos Humanos, con 299; Educación, con 264; Hacienda, con 213; y Salud, con 167, entre otros ministerios.
El reporte señala que no registrar estos bienes contraviene la normativa y perjudica tanto la valoración de los activos estatales como su fiscalización.
Un valor superior a $451 mil millones
La Contraloría detectó además 3.238 inmuebles incluidos en la contabilidad, pero sin una destinación vigente de Bienes Nacionales. De acuerdo con la información entregada por los servicios, su valor excede los $451 mil millones.
La destinación corresponde al procedimiento por el que ese ministerio asigna una propiedad fiscal a un organismo público para el desarrollo de sus funciones.
Entre los montos más elevados figuran los de la Dirección de Obras Portuarias, con $87.509 millones; la PDI, con $75.865 millones; y el Hospital de Carabineros, con $59.208 millones.
El documento precisa, sin embargo, que entre los datos podría haber propiedades obtenidas por vías distintas a la destinación, por ejemplo, mediante expropiaciones. En consecuencia, el hallazgo no significa que todos esos inmuebles tengan un uso irregular.
El informe tampoco afirma que las propiedades se hayan extraviado ni que los $451 mil millones representen un daño fiscal. La cifra corresponde al valor de los bienes observados.
Un plazo de 90 días para corregir los registros
La Contraloría informó que enviará oficios a los servicios involucrados para que ajusten sus registros contables dentro de 90 días. Asimismo, pedirá a Bienes Nacionales que formalice y regularice las destinaciones que procedan.
La entidad supervisará la implementación de estas acciones. En caso de incumplimiento, podrá realizar fiscalizaciones y disponer los procedimientos disciplinarios que correspondan.
