El titular de Justicia, Fernando Rabat, podría ser citado a declarar en la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía por las rebajas de condena. El fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó este martes que la decisión queda en manos del persecutor responsable de la causa. También precisó que el Ministerio Público indaga eventuales delitos, no desaciertos políticos.
La causa abrió un flanco penal en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno. Rabat permanece en su cargo por decisión del presidente José Antonio Kast, pese a los llamados a que renuncie formulados por la oposición y por algunos sectores oficialistas. Asimismo, figura como imputado en la investigación.
La posible citación de Rabat a la Fiscalía
La indagatoria comenzó tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra Rabat y quien entonces era subsecretario de Justicia, Luis Silva, por una eventual prevaricación administrativa. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Ante la consulta sobre si el ministro podría entregar su versión, Valencia dijo que “normalmente en casos como este, ese tipo de diligencias se dispone”. No obstante, no informó de una citación ni de una fecha para ella.
“El fiscal determinará si es procedente o no invitarlo a declarar. Entiendo que el ministro declaró que tenía toda su disposición de declarar para esclarecer los hechos”, agregó durante la entrevista radial.
El fiscal nacional recordó además que “todos los imputados tienen derecho a guardar silencio”.
La Fiscalía indaga delitos, no errores políticos
Valencia diferenció las críticas a la labor del ministro de las responsabilidades que le corresponde investigar a la Fiscalía.
“La fiscalía no investiga errores políticos”, afirmó. “Nosotros no somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud”.
En ese sentido, sostuvo que el rechazo que genere una decisión no es suficiente para concluir que se cometió un delito.
“Puede haber cosas muy feas, que a la gente le desagraden profundamente, pero si no son delitos, escapan de nuestras atribuciones”, manifestó.
También agregó: “Algo puede ser ilegal y no ser delito”.
Lo señalado por Valencia no confirma ni descarta que Rabat tenga responsabilidad. Según explicó, primero se deben aclarar los hechos y, posteriormente, establecer si revisten carácter penal.
La posibilidad de prevaricación
Valencia expuso además cuál podría ser la hipótesis de los denunciantes: que una autoridad haya emitido una resolución manifiestamente contraria a derecho con conocimiento de ello.
“Eso podría ser prevaricación”, indicó, sin sostener que el delito esté probado en relación con el ministro.
La indagatoria se desarrolla al mismo tiempo que la oposición prepara una acusación constitucional por las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Mientras el Congreso examina las responsabilidades de Rabat, la Fiscalía deberá establecer si sus acciones también constituyen delito.
Eliminé redundancias y concentré la explicación de la prevaricación en el cierre. La frase “Algo puede ser ilegal y no ser delito” no aparecía en el extracto anterior: consérvala únicamente si la verificaste en el audio.
