Los esfuerzos del Gobierno y de las directivas de ambas cámaras del Congreso Nacional por acelerar los proyectos que suprimen las rebajas de condena para quienes han sido sentenciados por delitos sexuales contra menores chocan con una estrategia opositora que podría retrasar las iniciativas en curso.
La disputa por agilizar los proyectos sobre rebajas de condena
Fuentes del Gobierno señalaron que, al comienzo del viaje presidencial, José Antonio Kast se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el titular de la Cámara, Jorge Alessandri, para coordinar una respuesta ante la inminente acusación constitucional contra Fernando Rabat y trazar un calendario para los proyectos sobre rebajas de penas.
Este miércoles se intentará coordinar una sesión telemática de los comités parlamentarios, en la que participaría Paulina Núñez desde Europa.
La intención es fijar para este viernes una sesión de la Comisión de Constitución del Senado y agilizar el avance de las iniciativas, que hasta ahora solo han tenido una sesión.
La estrategia del Gobierno y del oficialismo tiene una doble finalidad, pues también podría permitir que Rabat, sometido a presión, se presente como parte de la solución. De concretarse, el Ejecutivo tendría una salida política frente a las críticas y a la acusación constitucional.
Sin embargo, Núñez y el Gobierno necesitan unanimidad para alcanzar ese acuerdo, y el comité del socialismo democrático ya decidió rechazarlo.
¿Por qué? En la oposición creen que acelerar el trámite podría beneficiar al ministro. Aunque no existe un pacto expreso para frenar los proyectos, ya que no hay discrepancias de fondo, sí comparten una postura política: consideran inaceptable que Rabat, a quien responsabilizan de la crisis y que podría enfrentar una acusación, lidere la respuesta legislativa y obtenga rédito por su aprobación.
Una salida que no favorezca a Rabat
El subjefe del comité PS-PPD, Ricardo Célis, afirma que ningún parlamentario se opone a eliminar estas rebajas de penas, pero advierte que la iniciativa no debe convertirse en un salvavidas para el ministro Rabat. En tono coloquial, sostiene que no puede ‘hacerse el Larry’:
“La tramitación de esta ley debe avanzar pronto, pero eso no significa que pueda convertirse en un salvavidas para que el gobierno se haga el Larry. Hay que resolver los problemas pendientes, pero no deben servir de excusa frente a una actuación inexcusable del gobierno”.
El oficialismo espera que el proyecto pueda votarse, al menos en general, en la sala del Senado el martes 10 de noviembre. El Gobierno incluso ha planteado intentar un acuerdo para votarlo tanto en general como en particular, aunque por ahora ese escenario parece lejano.
El senador del Partido Republicano Renzo Trisotti sostuvo que el Congreso debe priorizar a las víctimas. A su juicio, esto exige que la Comisión de Constitución tramite los proyectos con la mayor rapidez posible:
“Para resolverlo, los distintos proyectos de ley presentados deben avanzar con la mayor celeridad posible en la Comisión de Constitución, y el gobierno debe ponerles urgencia”.
La senadora de Renovación Nacional María José Gatica plantea que la fusión de las iniciativas u otras alternativas en estudio —incluida la derogación de la ley vigente— deben impulsarse sin importar las diferencias políticas:
“Con un grupo de senadores presentamos un proyecto de ley para ponerles un candado a los pedófilos. Espero que avance para evitar el sufrimiento de las víctimas, porque cada vez que un violador queda en libertad se añade dolor y el agresor se desvanece.”
En este escenario, el senador Vlado Mirosevic tiene un papel decisivo. El parlamentario liberal, presidente de la Comisión de Constitución, está en Honduras hasta el viernes, y su fecha de regreso permitiría convocar una sesión.
El senador por Arica asumió en reemplazo de Pedro Araya precisamente para trabajar de manera conjunta con el comité al que pertenece y, si finalmente se rechaza el acuerdo, respetará esa decisión.
Con todo, Mirosevic prepara otra medida política de mayor alcance: cuando se reanude la tramitación, propondría no convocar al ministro Rabat, impidiendo así que participe activamente en el proceso legislativo. Esta sería una consecuencia concreta de la declaración de la oposición, que este lunes lo calificó como “interlocutor no válido”.
