La agenda de seguridad del Gobierno sigue progresando en la Cámara de Diputados. En concreto, tres iniciativas han avanzado en su tramitación.
Primero, la sala aprobó el proyecto de ley corta destinado a facilitar la aplicación de la Ley de Seguridad Municipal. También dio su visto bueno a los cambios introducidos por el Senado, por lo que la iniciativa quedó cerca de ser promulgada.
La propuesta establece un régimen de gasto especial para contratar inspectores de seguridad municipal y extiende los plazos para regularizar los requisitos de los vehículos empleados en esas funciones.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que el proyecto supondrá un cambio decisivo para la seguridad municipal.
“Es un avance muy relevante para implementar adecuadamente este sistema, que contribuirá a recuperar espacios de seguridad en las comunas de nuestro país. Sin duda, esta ley marcará un antes y un después en la construcción de un mejor sistema de seguridad”, sostuvo.
Por otra parte, la Comisión de Seguridad Ciudadana analizó en detalle y envió a la sala el proyecto que eleva las penas por extorsión territorial, con el propósito de combatir el cobro de cuotas de protección por parte de organizaciones criminales.
La iniciativa fija penas más severas para situaciones agravadas, entre ellas, cuando participan bandas de crimen organizado: contempla presidio mayor en sus grados medio y máximo, equivalente a condenas de 10 a 20 años.
Asimismo, establece que quienes intervengan en la cadena de cobros sin ser autores pueden recibir penas de entre 3 y 10 años de presidio.
El diputado independiente por el Partido Comunista Bernardo Salinas, autor del proyecto, valoró que la iniciativa haya avanzado.
“Hoy existe la extorsión contra personas, pero no estaba contemplada la extorsión territorial, es decir, la apropiación de territorios completos. Hay varios ejemplos. Sabemos que en el centro de Santiago operan estas bandas”, indicó.
Asimismo, pese a las objeciones expresadas por algunos expertos, la comisión también despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto presentado por la exministra Trinidad Steinert, que permitiría dictar sentencia cuando el acusado se ausente injustificadamente.
