Representantes de la oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR), solicitando que se pronuncie y que, si corresponde, inicie procedimientos sancionatorios contra el Ministerio de Justicia. Acusan que la cartera no cumplió una petición de la Defensoría de la Niñez, que pidió transparentar los decretos que rebajaron penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
También reclamaron que los documentos se entreguen cuanto antes.
Oposición acusa al Gobierno de no transparentar los decretos
Durante la presentación, el presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que “han transcurrido 13 días desde que este caso se hizo público”. Agregó que “la Defensoría de la Niñez dio cinco días al Ministerio de Justicia para que entregara todos los antecedentes; pese a ello, el Gobierno le negó la información, al igual que a distintos parlamentarios y parlamentarias“.
Soto planteó que “hoy debemos preguntarnos por qué el Gobierno insiste en no transparentar ni entregar toda la información. ¿A quién está protegiendo? ¿Qué está ocultando? Llegaremos hasta las últimas consecuencias, pues es inaceptable que la Defensoría de la Niñez haya tenido que presentar a ciegas recursos de amparo en favor de las víctimas, sin disponer de todos los antecedentes”.
En esa línea, Soto afirmó que “hay principios que obligan al ministro Rabat a entregar la información“. Entre ellos mencionó el de transparencia y reiteró que el secretario de Estado debe proporcionar los antecedentes.
Por otro lado, la jefa de la bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, aludió a las facultades de la Defensoría de la Niñez para requerir información y cuestionó a Rabat. Recordó que hace 10 días él sostenía que los antecedentes eran públicos y que ayer cambió su postura, afirmando que no entregaría los decretos para proteger a las víctimas.
“El ministro Rabat no puede actuar por cuenta propia: debe cumplir la legislación y las normas vigentes. El Congreso, al igual que la Defensoría de la Niñez, está facultado para pedir la información. Por eso acudimos a Contraloría, que debe velar por el cumplimiento de la ley y ejercer la fiscalización correspondiente, en vez de dejar este asunto sujeto a si el ministro Rabat quiere o no responder ante la ciudadanía y la opinión pública”, sostuvo.
Frente Amplio demanda respuestas para las víctimas
En el mismo sentido, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, afirmó que “seguiremos insistiendo hasta que este Gobierno y el Estado de Chile respondan a las víctimas”.
Además, llamó al Ejecutivo a formular “una propuesta concreta para revertir esta situación” y sostuvo que, en la práctica, “está desarrollando una estrategia”.
Por su lado, la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, enfatizó que “para resguardar a las víctimas, ellas primero deben saber si su acosador o agresor sexual está circulando por las calles. Esa es la información que hemos solicitado reiteradamente y que el ministro, lamentablemente, evita entregar. No podrá ocultarla indefinidamente: tendrá que transparentarla. Por eso reiteramos el requerimiento, ahora ante Contraloría”.
El diputado Marcos Barraza, subjefe del Comité PC e Independientes, agregó que la presencia de Rabat en el Congreso resulta perturbadora para el sistema político y la ciudadanía. También cuestionó que quien, según afirmó, fue responsable de liberar a 56 violadores sexuales siga intentando legislar como si nada hubiera ocurrido.
“El Gobierno está aplicando una táctica dilatoria intencional y planificada para retener la información y así atenuar las responsabilidades políticas y jurídicas del ministro Rabat”, acusó.
PS plantea que se requiere una acusación constitucional
El subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas, sostuvo que “ya agotamos todas las instancias y lo razonable es presentar una acusación constitucional. De esa manera recogemos el reclamo de la gran mayoría de chilenas y chilenos, que entienden que lo ocurrido es dramático: va más allá de la política y afecta a la humanidad”.
En tanto, el jefe de bancada del Partido Liberal, Luis Malla, criticó la reacción del presidente José Antonio Kast ante la controversia.
“He oído a muchas personas sostener que el Presidente desconocía los decretos. No creo que fuera así y, cuando dijo que se enteró, tampoco tomó medidas al respecto. Quiero decirle al presidente Kast que se ponga del lado de las víctimas, como ya lo han hecho muchos de su propio sector político, en vez de irse a España en plena crisis”, declaró.
Por último, el subjefe de la bancada DC, diputado Javier Muñoz, dijo que el ministro de Justicia parece actuar sin dar cuenta a nadie. Añadió que, mediante el oficio presentado en esta jornada y los antecedentes expuestos, exigen que Rabat asuma la responsabilidad por sus actos.
