El Gobierno instaló este martes una mesa de trabajo destinada a diseñar medidas de protección y apoyo para las víctimas, en medio de la polémica por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura.
La iniciativa está a cargo del Ministerio de Justicia, mientras persisten las dudas sobre la permanencia de Fernando Rabat y la oposición alista una acusación constitucional.
La instancia, bautizada “Unidos para Proteger”, funcionará inicialmente durante cuatro semanas y convocará a entidades estatales, organizaciones especializadas y representantes del mundo académico.
Su puesta en marcha se produjo un día después de que Rabat dijera contar con el apoyo del presidente José Antonio Kast y de su sector, pese a que incluso desde el oficialismo han pedido su salida. La iniciativa se conoce además antes de una acusación constitucional en su contra, frente a la cual el presidente se ha convertido en su principal defensor.
“Unidos para proteger”: Rabat lidera iniciativa ante la crisis por rebajas de condena
Las coordinaciones comenzaron la semana pasada y este martes se realizó una reunión encabezada por el propio ministro Rabat, con la participación de los subsecretarios Pablo Mira y la recién asumida Josefina Soto. Desde el ministerio señalaron que la mesa pretende recoger experiencias, consensuar diagnósticos y formular propuestas para mejorar la respuesta estatal a las víctimas.
En la instancia participan las subsecretarías de Prevención del Delito, Justicia, Derechos Humanos, Niñez, y de la Mujer y la Equidad de Género. También forman parte UNICEF, el Centro Justicia y Sociedad UC, las fundaciones Amparo y Justicia, Para la Confianza y Paz Ciudadana, la Agrupación No+Víctimas y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otras organizaciones.
El trabajo se distribuirá en tres equipos especializados. En las cuatro semanas iniciales, deberán preparar propuestas administrativas y legislativas para el corto y el largo plazo.
Según un comunicado del Gobierno, se pretende alcanzar acuerdos y compromisos entre instituciones para reforzar la atención, la protección y el acompañamiento, mejorar el acceso a la justicia e incluir a las víctimas en la elaboración de los cambios.
El ministro Rabat, objeto de cuestionamientos, afirmó que la mesa reunirá a diversos sectores para acordar respuestas compartidas.
Indicó que la protección de las víctimas es una preocupación común y valoró que organizaciones civiles, representantes académicos, organismos internacionales y entidades estatales trabajen en conjunto para encontrar soluciones.
Además, se comprometió a traducir los resultados del trabajo en medidas concretas:
Señaló que el compromiso es escuchar y convertir las propuestas en acciones y políticas de Estado que apoyen a las víctimas y sus familias, y ayuden a restablecer la confianza en la capacidad del Estado para responder con rapidez.
La crisis que precede al anuncio
La mesa se conformó tras las críticas por los 56 decretos que redujeron condenas por delitos sexuales contra menores. Luego, la controversia también alcanzó beneficios otorgados a personas condenadas por crímenes de la dictadura.
Rabat ha defendido esas aprobaciones con base en la legislación y la jurisprudencia. En su presentación ante la Cámara, afirmó que el Ministerio de Justicia debía formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras, aunque admitió que el procedimiento presentaba una falencia: no contemplaba escuchar a las víctimas.
Como respuesta, el Gobierno suspendió la tramitación de decretos y proyectos de ley, además de iniciar una revisión de los beneficios. A esas medidas se suma ahora la mesa, cuyo propósito es desarrollar una respuesta más integral en materia de protección y acompañamiento.
Apoyo que no disipa la presión
Al anunciar la iniciativa el lunes, Rabat declaró que cuenta con el respaldo de su sector y del presidente de la República, pero sostuvo que la prioridad debía ser concentrarse en resolver los problemas.
Añadió que el Ejecutivo seguirá promoviendo, con discusión inmediata, los proyectos destinados a evitar que se repitan situaciones de este tipo.
Sin embargo, la agenda legislativa y la permanencia del ministro son temas separados. Mientras La Moneda busca que Rabat siga liderando las medidas, la oposición prepara una acusación constitucional y objeta que él encabece la respuesta a decisiones adoptadas por su propio ministerio.
La creación de la mesa “Unidos para Proteger” no zanja esa controversia; sus propuestas se esperan dentro de las próximas cuatro semanas.
