La Contraloría General de la República comenzó a fiscalizar al Ministerio de Justicia debido a las rebajas de condena que han puesto en entredicho la gestión de Fernando Rabat. De acuerdo con información reunida por Bío Bío, el organismo se encuentra en la cartera desde la semana pasada, tras recibir denuncias.
Además, solicitó al ministerio un informe sobre una presentación parlamentaria relacionada con una posible falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez. Son dos gestiones vinculadas a la controversia, aunque persiguen propósitos diferentes: revisar las rebajas y reunir información para responder la consulta jurídica.
Contraloría revisa las rebajas de condena
Entre los elementos que motivaron el examen de Contraloría se encuentra un oficio de fiscalización presentado por el diputado Héctor Ulloa. A esa revisión se sumará la presentación ingresada este martes por la oposición, como parte de una única fiscalización que ya está en curso.
El diputado Ulloa solicitó al organismo dirigido por Dorothy Pérez que analice la legalidad de las rebajas otorgadas desde el 11 de marzo por delitos sexuales contra menores, secuestro calificado y tortura. Pidió recopilar los decretos y sus antecedentes, entre ellos los informes psicológicos y de riesgo de reincidencia, además de revisar cómo el Ministerio de Justicia comprobó el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, planteó que, ante eventuales irregularidades, se inicien procesos para dejar sin efecto los beneficios y establecer posibles responsabilidades administrativas.
Por el momento, no se han informado los plazos ni los resultados de las diligencias.
De acuerdo con antecedentes recabados por este medio en el Congreso, los parlamentarios que pidieron revisar las decisiones no habían recibido aviso de que la fiscalización ya estaba en marcha.
Solicitud de informe sobre la Defensoría
Otra diligencia busca determinar si el Ministerio de Justicia respondió las solicitudes de la Defensoría de la Niñez.
Un grupo de parlamentarios pidió a Contraloría emitir un pronunciamiento jurídico sobre una eventual falta de respuesta de la cartera. Para analizar esa solicitud, el organismo está pidiendo un informe al ministerio.
La actuación de Contraloría suma una nueva instancia de revisión a las decisiones del Ministerio de Justicia, encabezado por el cuestionado ministro Fernando Rabat. La polémica surgió tras conocerse 56 decretos que redujeron condenas por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 correspondieron a abuso sexual y 29 a violación. También se cuestionaron beneficios otorgados a personas condenadas por crímenes de la dictadura.
El Gobierno mantiene al ministro al frente de la respuesta y promueve modificaciones legales, mientras Contraloría ya desarrolla su fiscalización. Por otra parte, se prevé que la oposición presente en los próximos días la anunciada acusación constitucional contra Rabat.
