Pagos por alimentos que no llegaron a entregarse, sanciones aún no cobradas y fallas en la supervisión de contratos figuran entre las anomalías detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. Los antecedentes se dieron a conocer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La comisión analiza cómo operó el programa entre 2019 y 2024, en un contexto de cuestionamientos sobre la utilización de fondos públicos destinados a entregar alimentación a estudiantes.
La contralora Dorothy Pérez informó que se detectaron 35 pagos que superan los $209 mil millones y que no tenían los ajustes finales correspondientes. También señaló la existencia de multas sin cobrar y cambios en los contratos que no fueron fiscalizados adecuadamente.
Entre los datos destacados, el 82,6% de las observaciones formuladas en una de las auditorías principales todavía no ha sido subsanado.
Al respecto, el diputado Ricardo Neumann (UDI) planteó que es necesario determinar qué modificaciones legales deben promoverse para poner fin a las irregularidades que la Contraloría ha señalado repetidamente.
Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) afirmó que, dado que la comisión está próxima a concluir su trabajo, la información reunida permitirá obtener resultados positivos en el informe final.
Tras conocerse los hallazgos, la Contraloría abrió procesos disciplinarios y envió antecedentes al Ministerio Público. En tanto, la comisión encara sus últimas sesiones para esclarecer posibles responsabilidades en la operación del programa durante el periodo 2019-2024.
