El exmilitar Pedro Lavín Villalobos, quien cumple una condena de siete años de cárcel por disparar un fusil de guerra contra un manifestante durante el estallido social, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder a la libertad condicional. Su defensa impugna que se le haya denegado el beneficio, pese a que —según plantea— registra buena conducta y un bajo riesgo de reincidencia. El caso volvió a poner en el centro del debate político los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos en 2019.
Pedro Lavín Villalobos, exintegrante del Ejército condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, enfrenta una nueva instancia judicial. Su defensa interpuso un recurso de amparo para que se revoque el rechazo a su petición de libertad condicional.
La condena se originó en un hecho ocurrido el 20 de octubre de 2019 en la comuna de Colina, cuando el entonces cabo del Ejército disparó con su fusil de guerra contra Carlos Astudillo Ulloa durante las manifestaciones del estallido social.
De acuerdo con lo establecido por la justicia, el proyectil alcanzó una de las piernas de la víctima, que perdió el conocimiento y sufrió una fractura de fémur, junto con daños en la arteria y la vena femoral. La agresión también le provocó secuelas permanentes.
El suceso fue captado en un video que circuló ampliamente durante los primeros días de la crisis social y pasó a formar parte de las causas investigadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina declaró culpable a Lavín y luego le impuso una pena efectiva de siete años de presidio. La Corte Suprema desestimó en septiembre de 2023 el recurso de nulidad de la defensa, por lo que la sentencia quedó firme.
Defensa impugna el rechazo a la libertad condicional de Pedro Lavín
El abogado Nicolás Oxman pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago revertir el pronunciamiento de la Comisión de Libertad Condicional, que volvió a denegar el beneficio al exmilitar.
La defensa sostiene que la petición fue rechazada a pesar de los antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de una conducta adecuada y de un bajo riesgo de reincidencia de su representado.
Oxman planteó que la resolución se apoyó en que no era posible dar continuidad a un tratamiento de contención psicológica, lo que atribuyó a la falta de programas estatales disponibles.
El abogado afirmó que la comisión negó el beneficio porque Pedro no cuenta con una alternativa para seguir con el tratamiento psicológico de contención y sostuvo que hay otras formas de acompañar a quienes cumplen condena en libertad condicional.
Para la defensa, la falta de ese tratamiento no debiera ser un obstáculo para que Lavín obtenga el beneficio penitenciario.
Oficialismo insta a Kast a otorgar indultos
La presentación judicial volvió a impulsar la discusión política acerca de posibles indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social.
La diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Gloria Naveillán, llamó al presidente José Antonio Kast a concretar el compromiso que asumió durante su campaña sobre este tema.
Naveillán manifestó que están agotados de solicitar que cumpla su promesa electoral de indultar a quienes permanecen privados de libertad por casos de 2019, y señaló que hasta ahora no lo ha hecho.
El llamado ocurre mientras sectores oficialistas presionan para que se revise la situación de militares y policías encarcelados por su participación en las manifestaciones de 2019.
Oposición se opone a beneficios para condenados por vulneraciones a los DD.HH.
Desde la oposición, las diputadas Lorena Fries, del Frente Amplio, y Lorena Pizarro, del Partido Comunista, manifestaron su rechazo a que agentes estatales condenados por graves violaciones a los derechos humanos reciban beneficios penitenciarios.
Pizarro sostuvo que las penas deben cumplirse por completo y descartó que quienes incurren en delitos de esta naturaleza puedan salir anticipadamente de prisión.
A su juicio, los agentes estatales responsables de abusos y vulneraciones a los derechos humanos deben permanecer encarcelados hasta el término de su condena.
Fries, en tanto, se refirió a las condiciones que la ley establece para que los condenados por esta clase de delitos puedan optar a beneficios penitenciarios.
La exdirectora del INDH señaló que pueden acceder a beneficios, pero deben satisfacer exigencias superiores a las aplicadas a personas condenadas por delitos comunes o crímenes.
En el recurso de amparo, la defensa de Lavín pidió a la Corte de Apelaciones anular la decisión de la Comisión de Libertad Condicional y otorgar el beneficio de manera directa.
Como petición alternativa, solicitó que se disponga una nueva revisión de sus antecedentes penitenciarios.
El recurso aún está pendiente de resolución en la Corte de Apelaciones de Santiago.
