La diputada Zandra Parisi (PDG) manifestó su apoyo a un proyecto de ley que plantea exigir la castración química voluntaria a condenados por delitos sexuales contra menores como condición para obtener ciertos beneficios penitenciarios. La legisladora aclaró que la propuesta no pretende rebajar las condenas, sino imponer requisitos más estrictos a quienes cometan estos delitos.
La iniciativa, titulada “¡Con las infancias no!”, fue presentada por parlamentarios de diversas corrientes políticas. Entre sus objetivos están elevar las sanciones por delitos sexuales y limitar el acceso a beneficios penitenciarios.
Entre las medidas que propone figuran establecer presidio perpetuo por el delito de violación, incrementar las penas por delitos sexuales contra menores y requerir que los condenados acepten voluntariamente un tratamiento de castración química para solicitar ciertos beneficios.
El proyecto cuenta con la firma de la diputada Zandra Parisi (PDG), además de Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Mulet (FREVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC), junto a otros parlamentarios.
Al explicar su apoyo, Parisi señaló que el Estado debe impulsar medidas que fortalezcan la protección de niños, niñas y adolescentes.
“Mantener en prisión a quienes violan y abusan sexualmente de menores ya no es suficiente. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía esperan que el Estado haga más: que garantice justicia y protección, y que tome medidas para evitar que estos delitos se repitan”, declaró.
Tratamiento voluntario como condición para beneficios penitenciarios
Según el proyecto, el tratamiento de castración química sería opcional, aunque se convertiría en una condición para que quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a libertad condicional, permisos de salida o indultos particulares.
La propuesta precisa que someterse al tratamiento no reduciría la condena ni serviría como atenuante. También dispone que los condenados que suspendan el procedimiento perderían el beneficio penitenciario que hubieran recibido.
“No podemos continuar aceptando que quienes han vulnerado la infancia de un niño obtengan beneficios penitenciarios sin enfrentar requisitos realmente estrictos”, expresó la diputada.
En ese sentido, Parisi reiteró que la iniciativa busca fijar condiciones extra para acceder a estos beneficios, pero no alterar las penas dictadas por los tribunales.
“No se trata de rebajar condenas ni de premiar a quienes delinquen. Buscamos elevar las exigencias y priorizar la seguridad de nuestros niños frente a cualquier beneficio”, afirmó.
Supervisión y control de las personas condenadas
La diputada reconoció además que el tratamiento, por sí solo, no descarta la posibilidad de reincidencia y sostuvo que debe complementarse con medidas de supervisión.
“Un tratamiento aislado no asegura que un agresor no vuelva a cometer delitos. Por ello hacen falta controles rigurosos, evaluaciones continuas y un seguimiento efectivo”, advirtió.
Para cerrar, Parisi planteó que, al definir los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, el debate legislativo debe poner especial atención en los derechos de las víctimas y sus familias.
“Los derechos de las víctimas no deben seguir subordinados a los beneficios de quienes las agredieron. La infancia no puede recuperarse y las consecuencias del daño pueden durar toda la vida; el Estado debe actuar con toda la firmeza que permita la ley”, concluyó.
El proyecto deberá avanzar en su proceso legislativo para que las medidas propuestas puedan llegar a convertirse en ley.
