Ante los nuevos antecedentes sobre reducciones de condena concedidas a extranjeros condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, el senador Juan Luis Castro (PS) criticó al presidente José Antonio Kast por conservar en su puesto al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El legislador planteó que la polémica dejó de ser una cuestión de interpretación jurídica y debe asumirse como una responsabilidad política del Gobierno.
“¿Qué debe ocurrir para que el ministro de Justicia salga del gabinete? ¿Quién en la derecha ha salido a defenderlo públicamente? Nadie. En privado, todos aseguran que no pueden dejar solo al Presidente de la República, pero tampoco respaldan a una autoridad que está aislada. Es urgente que haya un ajuste ministerial que incluya a esta cartera”, sostuvo.
Según el senador, que el ministro siga en el cargo también afecta la dirección política del Ejecutivo: “No se trata únicamente de los niños abusados y violados, de las víctimas que se pretende revictimizar o de una cuestión de justicia; también está en juego que el Presidente de la República recupere el liderazgo político”.
El parlamentario consideró que el escenario “no da para más” y recalcó que “debe hacer un cambio en ese ministerio”.
Además, abordó la decisión de los comités opositores de no conceder la unanimidad necesaria para convocar una sesión especial, y argumentó que el asunto corresponde al ámbito interno del Ejecutivo.
“Los comités de la Sala acordaron unánimemente no sesionar esta semana. La oposición no otorgó la unanimidad, sencillamente porque el conflicto del Gobierno no debe trasladarse al Senado. Se trata de un problema dentro del Poder Ejecutivo, originado por la actuación de un ministro en particular”, explicó.
Por último, Castro criticó la propuesta del Gobierno de promover una nueva ley para enfrentar las rebajas de condena, pues estima que la dificultad no se debe a la falta de normas.
El senador afirmó que en este caso “no hay un vacío legal ni un defecto en la estructura de la ley; hubo una interpretación distorsionada que se aplicó y que ha generado todos los costos políticos que conocemos hasta ahora”.
