Una denuncia ante un organismo internacional y un recurso de protección están actualmente en curso, después de que una funcionaria de Carabineros de la 10ª Zona Policial, en la región de Los Lagos, acusara a la institución de malos tratos, hostigamiento laboral y abandono.
La afectada, identificada como I.G. para proteger su identidad, presenta un cuadro depresivo grave, con ansiedad intensa y angustia, además de antecedentes que advierten de riesgo vital vinculado a conductas autolesivas.
La carabinera lleva apartada de la institución desde aproximadamente febrero. De acuerdo con su relato, la medida se relaciona con una experiencia de acoso laboral y discriminación que se extendió por más de un año y que, sostuvo, empeoró después de su traslado desde el Grupo de Formación Policial a la Décima Zona.
En una entrevista exclusiva con La Radio, contó que al llegar a la zona se sintió estigmatizada porque se conocía su paso por la escuela institucional.
En ese escenario, afirmó que se organizaron grupos que la excluían y desconfiaban de ella por haber presentado denuncias con anterioridad y por su diagnóstico de autismo (TEA).
Carabinera acusa hostigamiento y malos tratos laborales
I.G. explicó que el conflicto con la institución se agudizó cuando pidió permiso para estudiar en la universidad y solicitó al entonces general de zona que autorizara a una profesional a capacitar al personal de la unidad sobre el trastorno del espectro autista (TEA).
La denunciante sostuvo que su superior reaccionó molesto a sus peticiones y acabó lanzándole los documentos que ella le había entregado.
“Arrojó los papeles hacia mí, pese a que había un testigo presente que aún trabaja ahí: el suboficial mayor más antiguo del lugar. Me lanzó las hojas y los documentos que le había presentado; se irritó y me dijo que no había problemas de convivencia y que todo estaba en mi imaginación“, relató.
Después de lo ocurrido, dijo que pidió días de permiso y fue al centro médico institucional, donde le diagnosticaron una enfermedad profesional tras sufrir pérdida de cabello, entre otros síntomas asociados al estrés.
Presentan recurso de protección y denuncia ante la CIDH
El recurso de protección interpuesto por la funcionaria sigue en tramitación en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde aún debe fijarse la fecha de los alegatos.
Frente a lo ocurrido, la denunciante acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues considera que el Estado chileno no le ha otorgado la protección que necesita.
“Mientras esperaba una respuesta, tuve que acudir a un tribunal internacional, específicamente a la CIDH, para que conociera los antecedentes y pudiera actuar. En este caso, el sistema judicial chileno está fallando, es débil y no está protegiendo a una víctima”, señaló.
Además, I.G. afirmó que Carabineros no ha puesto en marcha sus protocolos internos ni le ha proporcionado apoyo psicológico, por lo que ha tenido que pagar sus tratamientos, mientras su salud mental se deteriora gravemente.
“Cuando hay problemas de salud acreditados y no se actúa, la persona que denuncia puede empeorar. En mi caso, esto incluso podría terminar de manera fatal, porque empiezas a sentir que nadie te protege, que el Estado no responde y que no puedes enfrentarte a una institución tan grande”, sostuvo.
Hasta ahora, la funcionaria no ha recibido atención en los centros médicos institucionales. También su psiquiatra le indicó que debía hospitalizarse, pero no ha podido hacerlo por falta de medios económicos.
Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no ha decretado una orden de no innovar; en tanto, Carabineros la citó para que declare y sea evaluada por la comisión médica.
No obstante, la funcionaria no ha asistido a esas citaciones por recomendación de un profesional de la salud, ya que exponerse al entorno que, según denuncia, originó su delicado estado de salud mental podría afectarla.
Piden medidas cautelares urgentes ante organismo internacional
La Radio confirmó, además, que una funcionaria activa de Carabineros presentó el documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió medidas cautelares urgentes para proteger a I.G.
El escrito identifica a la afectada como una persona neurodivergente, con trastorno del espectro autista (TEA) y una discapacidad acreditada.
También expone que la funcionaria habría enfrentado hostigamiento y acoso sistemáticos en el trabajo, hechos que presuntamente provocaron un grave deterioro de su salud mental, entre otras repercusiones.
Al momento de publicar esta nota, y pese a las consultas de La Radio, Carabineros no había entregado una respuesta sobre la situación de la funcionaria.
