La oposición empezó a definir los argumentos legales de la acusación constitucional que prepara contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el contexto de la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Luego de una reunión de presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados del sector, el exministro de Justicia Jaime Gajardo expuso los principales argumentos que se analizan para respaldar la acusación y que apuntan a posibles responsabilidades constitucionales del actual titular de la cartera.
Este jueves, Gajardo señaló que una de las principales críticas se relaciona con la posible infracción e inejecución de la ley de rebaja de condenas, en especial por no aplicar las limitaciones introducidas en 2022, que impiden otorgar el beneficio a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores.
El exministro sostuvo que la normativa debía regir desde su publicación y aplicarse sin excepciones. Afirmó que ese fue el criterio seguido por administraciones anteriores, pero que habría cambiado durante el actual gobierno.
En este contexto, recordó que el artículo 52, número 2, de la Constitución establece que los ministros pueden ser responsabilizados por infringir la Constitución o las leyes, así como por no ejecutarlas.
Gajardo criticó la actuación de Rabat y afirmó que, debido a una decisión administrativa adoptada únicamente por el ministro de Justicia, actualmente hay 57 abusadores sexuales y violadores de niños en las calles.
Posible incumplimiento de tratados internacionales y falta a la probidad
La eventual inejecución de la ley no sería el único punto que se examina. Gajardo también mencionó una posible vulneración de convenios internacionales, en particular de los relacionados con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Otro aspecto en discusión corresponde a las rebajas de condena concedidas a criminales de lesa humanidad. De acuerdo con el exministro, los fallos de los últimos años han fijado límites al acceso de estas personas a beneficios de reducción de penas, lo que podría generar nuevos cuestionamientos a las decisiones del Ministerio de Justicia.
Como tercer fundamento se considera una posible falta a la probidad por haber entregado información incorrecta a la Cámara de Diputadas y Diputados durante sus tareas de fiscalización.
Gajardo sostuvo que el gobierno no ha hecho públicos todos los antecedentes requeridos por los parlamentarios y que también habría enviado al Congreso datos equivocados sobre las rebajas de condena.
El exministro recalcó que el gobierno no debe entregar información errónea a la Cámara de Diputados en ninguna circunstancia, y menos aún cuando esta ejerce su función fiscalizadora.
También advirtió que la falta de antecedentes complica la labor de los abogados que preparan la acusación constitucional. A su parecer, el Ejecutivo debe proporcionar la información que el Congreso necesita para fiscalizar sus acciones.
De momento, estos son los tres principales aspectos legales en revisión, que podrían convertirse en tres o cuatro capítulos de la acusación. Gajardo agregó que los equipos jurídicos de las bancadas opositoras ya cuentan con los antecedentes generales. Sin embargo, todavía no se ha fijado una fecha para presentarla.
