Al menos 13 personas extranjeras condenadas por narcotráfico, arrestadas en la frontera norte del país o en trayectos que parten desde esa zona, habrían obtenido reducciones de sus penas a través de decretos del Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
La información fue publicada en un reportaje de Interferencia, que examinó 150 decretos de rebaja de condena para extranjeros y determinó que 115 favorecieron a personas sentenciadas por delitos de drogas.
De ese grupo, el medio detectó 13 casos asociados a la frontera norte, algunos relacionados con el transporte de importantes cargamentos. Ocho de las personas son bolivianas, tres venezolanas, una colombiana y una argentina. En cinco casos, además, los fallos judiciales dejaron constancia de que ingresaron al país por pasos no autorizados.
El reportaje indica, asimismo, que los decretos apelan a un argumento común basado en sentencias judiciales: el Ministerio de Justicia “no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Desde una tonelada de droga hasta casos con alto riesgo de reincidencia
Entre los casos detallados por Interferencia está el de Jhoel Ramos Antesana, ciudadano boliviano relacionado con una operación de tráfico de más de una tonelada de droga. El cargamento contenía 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
Fue arrestado en julio de 2021 en la comuna de Pica, región de Tarapacá, cuando conducía un vehículo que cumplía la función de “punta de lanza” para el transporte de la droga.
El medio informó que, después de ser sentenciado a cinco años y un día de cárcel, el Ministerio de Justicia le descontó tres meses de condena mediante un decreto fechado el 12 de mayo de este año, con lo que el cumplimiento de la pena quedó fijado para dos días más tarde.
También está el caso de Fredy Orlas Heredia, ciudadano colombiano condenado por traficar 52 kilos de pasta base de cocaína. En su evaluación, Gendarmería advirtió que presentaba un “nivel de riesgo de reincidencia alto”.
Según el reportaje, en 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta había denegado por unanimidad su petición de salida. Aun así, el 1 de junio, el entonces subsecretario de Justicia Luis Silva, actuando como ministro subrogante, suscribió un decreto que le rebajó seis meses de condena.
El caso de la ketamina y otras personas beneficiadas
La investigación incluye a José Luis Liscano Bermúdez, ciudadano venezolano detenido en 2021 junto a Víctor Mora Araya, cuando viajaban desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina.
Liscano recibió una condena de cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas. Más adelante, sus solicitudes para acceder a una pena mixta fueron rechazadas en 2024 y 2025.
Sin embargo, el 10 de abril de este año el ministro Fernando Rabat firmó un decreto que fijó una nueva fecha para el término de su condena. El otro implicado también obtuvo una reducción de pena y, de acuerdo con Interferencia, ambos están actualmente en libertad.
La lista también contempla a Wilber Tenajas Orellana, ciudadano boliviano detenido en 2022 junto a un grupo que cruzó al país por un paso no habilitado con 291,5 kilos de marihuana.
En septiembre de este año, Luis Silva firmó un decreto que le descontó siete meses de condena, modificando el término de la pena, que estaba previsto para abril de 2027, a septiembre de 2026.
Interferencia dio a conocer estos casos y otros antecedentes, que se agregan a la información conocida sobre las rebajas de penas concedidas durante el actual gobierno.
La polémica comenzó luego de que se conocieran 56 reducciones de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De ese grupo, BioBioChile identificó a 33 beneficiados, quienes estaban todos en libertad y cuyas víctimas no habían sido notificadas.
