Santiago Peña, quien presentó este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay, permanecerá en el cargo luego de que el Congreso no lograra alcanzar el quórum necesario para votar su dimisión, debido a que representantes del gobernante Partido Colorado dejaron el hemiciclo.
Después de dos horas de acalorado debate, varios integrantes del partido de Peña se retiraron de la sala, lo que obligó al presidente del Senado, Basilio Núñez, a suspender la sesión.
Esto ocurrió pese a que el oficialismo había informado que apoyaría la renuncia del mandatario. Horacio Cartes, expresidente paraguayo que promovió la candidatura de Peña en 2023, había señalado en un comunicado que el Partido Colorado “acompañamos el juicio político al presidente a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
Núñez anunció que citará a los senadores este viernes para proseguir con el juicio político contra Peña, aprobado por unanimidad horas antes en la Cámara de Diputados. La destitución del presidente requiere el respaldo de 30 de los 45 integrantes de la Cámara Alta.
Una eventual destitución tendría consecuencias concretas, más allá de lo simbólico: si es removido, Peña no podrá convertirse en senador vitalicio ni acogerse a los fueros asociados a ese cargo. Así, ante posibles acusaciones por delitos, los antecedentes pasarían directamente al Ministerio Público, la Fiscalía, y perdería buena parte de su inmunidad.
La renuncia de Peña se produjo a raíz de la intervención del Banco Ueno, cuya grave crisis de liquidez impidió temporalmente que millones de depositantes, incluidos pensionistas, pudieran acceder a sus fondos.
