Una obra pública podría empezar antes de que la Contraloría realice el examen preventivo de legalidad. La contralora Dorothy Pérez sostiene que ese sería el efecto del artículo 50 permanente del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, aprobado durante la madrugada de este viernes por la Comisión Especial Mixta.
La norma autoriza el inicio material de obras adjudicadas por trato directo o licitación privada por montos de hasta 30.000 UTM, y de aquellas asignadas mediante licitación pública de hasta 75.000 UTM, una vez notificada la adjudicación. Posteriormente, los actos deberán enviarse a Contraloría para su registro dentro de un máximo de diez días, sin excluir la posibilidad de un control de reemplazo.
El cambio es relevante por la forma en que se aplicaría: Contraloría podría efectuar la revisión cuando el contrato ya esté en ejecución. En el oficio OF 206247, emitido por la institución el 29 de octubre y dirigido a la Comisión Mixta de Presupuestos, se advierte que la modificación haría que los errores se detectaran después del inicio de las obras, momento en que enmendarlos podría ser más costoso o incluso imposible.
Revisa el oficio presentado ante la comisión
“Para una comuna no es poca plata”
En su exposición, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió la disposición como una herramienta para agilizar la inversión. Según lo planteado durante el debate, afirmó que las cifras eran bajas en comparación con el costo de los grandes proyectos y las equiparó al valor de uno o dos kilómetros de pavimento.
Sin embargo, la perspectiva es distinta para una municipalidad o una localidad. Una obra de hasta $2.100 millones —como un teatro municipal, una posta o un edificio consistorial— puede representar para una comuna una proporción considerable de sus recursos y tener un impacto directo en sus habitantes.
De acuerdo con los cálculos del oficio de Contraloría y el valor de la UTM utilizado entonces, los topes equivalían a $2.164.530.000 para el tramo de 30.000 UTM y $5.411.325.000 para el de 75.000 UTM. Las cantidades expresadas en pesos pueden cambiar según el valor vigente de la UTM.
El trato directo permite adjudicar sin una licitación pública competitiva, siempre que se cumplan las causales y normas legales correspondientes. El límite más alto, por su parte, se aplica a obras asignadas a través de licitación pública. Así, el artículo no suprime todos los controles ni implica que cada obra se adjudique “a dedo”: permite iniciar los trabajos sin esperar la toma de razón y posterga esa revisión, sin impedir que se apliquen otros mecanismos de control.
Las irregularidades que Contraloría afirma haber encontrado
El organismo enumera en el documento los problemas que suele identificar al revisar obras públicas mediante la toma de razón. Entre ellos figuran proyectos que no se ajustan a los planes reguladores, diseños técnicos incompletos o contradictorios, terrenos sin títulos suficientes, ausencia de disponibilidad presupuestaria, incumplimientos de las bases de licitación, infracciones ambientales e inhabilidades o conflictos de interés de contratistas.
El oficio también menciona riesgos específicos, como levantar construcciones en zonas inundables, adjudicar iniciativas con diseños inconclusos, comenzar obras sin evaluación ambiental o consulta indígena y contratar empresas que carecen de solvencia suficiente. Según Contraloría, detectar esos problemas antes de que el contrato surta efecto permite contar con más opciones para corregirlos. En cambio, si se descubren durante la ejecución, podrían ocasionar paralizaciones, cambios, costos adicionales, litigios o indemnizaciones.
La contralora Pérez indica en el oficio que el trámite tarda, en promedio, 13 días hábiles. Desde su perspectiva, ese tiempo no amerita postergar el control hasta una fase en que ya se hayan comprometido fondos públicos y consolidado los derechos del contratista.
El caso Convenios como punto de comparación y la alerta escrita
La comparación con el caso Convenios no significa que ambos correspondan a la misma figura jurídica. El vínculo está en el uso de recursos públicos: en los dos escenarios, estos podrían llegar a manos de terceros antes de que Contraloría realice un control preventivo efectivo. La preocupación es que la fiscalización ocurra después, y no antes, de que los fondos se comprometan o transfieran.
Ambos debates plantean un riesgo común: cuánto se reduce la revisión previa y qué posibilidades quedan de detener una irregularidad antes de que avance. En el caso Convenios, el examen se centró en cómo se asignaban y controlaban los recursos; respecto del artículo 50, Contraloría advierte que los problemas de legalidad podrían identificarse con las obras ya en marcha.
La mayoría de los parlamentarios consultados que participaron en la discusión quedó de responder qué criterio se aplicó para este propósito. Si bien el Congreso no informó el detalle de la votación, una parte relevante de la oposición rechazó la norma.
