La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, tribunal creado a partir del acuerdo de 2016 con las extintas FARC, alertó este viernes de que los ajustes presupuestarios de la nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella han debilitado la seguridad de magistrados, testigos y víctimas.
El recién nombrado presidente de la JEP, Danilo Rojas, señaló que actualmente no cuenta con escoltas y destacó que "la parte más dolorosa y difícil" son los recortes que han perjudicado la protección de víctimas y testigos.
"Hacemos un llamamiento al Gobierno para que asuma la tarea de la protección de este sector", pidió Rojas durante una entrevista con Caracol Radio. Explicó que las reducciones obedecen a las tensiones políticas en torno al acuerdo de paz de 2016, que no obtuvo respaldo social después de ser sometido a plebiscito.
Pese a ello, Rojas aseguró que la reorganización de los recursos no impedirá que el tribunal cumpla sus funciones. "Vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP", afirmó en otra entrevista, concedida a Blu Radio. También adelantó que antes de que termine el año se anunciarán una veintena de nuevas imputaciones, tras los recientes cargos contra altos mandos de las FARC.
El plan de austeridad del presidente De la Espriella contempla un recorte de hasta 170.000 millones de pesos para la JEP (47,1 millones de euros). Entre las medidas previstas figuran el traslado de la sede del tribunal a un edificio considerablemente más pequeño, la reducción de personal y una ampliación del teletrabajo.
Firme crítico de la JEP, De la Espriella prometió al asumir la Presidencia acabar con el "despilfarro" de la administración anterior y anunció que eliminaría alrededor de 230 puestos públicos, incluido el de Alto Comisionado para la Paz. La decisión se enmarca en su política de seguridad, que descarta negociar con grupos armados salvo que acepten una rendición inmediata.
