Los representantes legales del presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegaron este viernes al Senado para exponer los argumentos “técnicos” y “jurídicos” de su defensa en el juicio político abierto contra el mandatario. Aunque había sido citado personalmente a presentarse ante el Legislativo, Peña no acudió y dejó su representación en manos de sus abogados, en medio de la polémica provocada por el cierre de Ueno Bank, entidad privada.
Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron en el pleno alrededor de las 13:00 horas locales (la misma hora en Chile), luego de que el Senado rechazara la solicitud de Peña para aplazar el proceso por 72 horas.
Peña sigue oficialmente en el puesto, luego de que el Congreso no pudo pronunciarse sobre la renuncia que presentó el día anterior por falta de cuórum. Poco antes, había sostenido que el plazo de 12 horas fijado por el Senado para preparar su defensa no era suficiente.
Paraguay enfrenta una crisis política desde que el Banco Central (BCP) dispuso la resolución o cierre de Ueno Bank, entidad que recibió durante el mandato de Peña cuantiosos fondos de organismos públicos.
El BCP observó que la solvencia del banco, que administraba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había descendido a menos de la mitad del mínimo requerido. Esto ocurrió, según indicó, “a raíz de los ajustes efectuados en sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
El mandatario, cuestionado por su relación con Ueno, quedó involucrado en la crisis y presentó su renuncia el día anterior.
No obstante, Peña continúa oficialmente al frente de la Presidencia de Paraguay, pues los legisladores oficialistas impidieron que hubiera cuórum en la sesión conjunta donde se iba a votar su renuncia. Con ello, no pudo ponerse en marcha la sucesión, que requiere declarar vacante el cargo.
En caso de que el Parlamento lo destituya, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, a diferencia de lo que ocurriría si renunciara.
Eso es precisamente lo que busca evitar el Congreso: lo citó de inmediato ante el Senado, que ejerce como tribunal en el juicio político y tiene previsto destituirlo.
