Chile se prepara para modificar la gestión de sus áreas protegidas. El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) quedará a cargo de los parques y reservas que actualmente administra Conaf.
Sin embargo, Fundación Terram señala que la puesta en marcha del organismo enfrenta un obstáculo: los fondos propuestos para 2027 son considerablemente inferiores a los calculados por la propia Dirección de Presupuestos (Dipres).
De acuerdo con la fundación, la brecha asciende a $21.621 millones. El riesgo, advierte, es que el servicio carezca del personal, la infraestructura y los recursos necesarios para fiscalizar y resguardar estos territorios.
En qué consiste el SBAP
La Ley 21.600 creó el SBAP con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, incluidos sus animales, plantas y ecosistemas. Entre sus responsabilidades estará gestionar las áreas protegidas estatales.
Su labor no se limita a recibir visitantes o vender entradas. También requiere guardaparques, vigilancia del territorio, prevención de daños y la infraestructura indispensable para las tareas en terreno.
De ahí la relevancia de contar con financiamiento adecuado. La designación de un lugar como protegido no basta para garantizar que haya recursos humanos y materiales para su conservación.
Un análisis de la Ley de Presupuesto 2027 elaborado por Fundación Terram indica que el proyecto considera $22.304 millones para el SBAP. La organización contrasta esa suma con los $43.925 millones adicionales que Dipres había calculado en 2022 para el año de implementación.
La distancia entre ambos montos es de $21.621 millones. Es decir, la propuesta contempla aproximadamente la mitad de lo que se había estimado.
La asignación supera los $18.089 millones aprobados para 2026, pero, según la fundación, todavía no alcanza para poner en marcha el servicio y permitirle cumplir sus responsabilidades.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, afirmó que la escasez de recursos antecede a la creación del SBAP. “Chile tiene históricamente un déficit de financiamiento para las áreas protegidas terrestres”, indicó. También manifestó preocupación por las zonas marinas protegidas: explicó que disponían de una glosa presupuestaria acotada en el Ministerio del Medio Ambiente, pero que esta desapareció del proyecto de Presupuesto 2027.
El traslado de las áreas protegidas desde Conaf al SBAP debía concretarse en septiembre de este año, aunque el gobierno aplazó la medida hasta marzo de 2027.
Terram señala que no está claro si se incorporarán los 570 guardaparques considerados por Dipres ni si se destinarán los $10.120 millones proyectados para infraestructura de alojamiento del personal.
La organización también alerta sobre una implementación regional parcial: solo seis de las 16 direcciones regionales contarían con una jefatura titular; las restantes están a cargo de subrogantes.
Un déficit que no es nuevo
La entidad advierte que el SBAP podría recibir un sistema que ya arrastra problemas de financiamiento.
Entre 2015 y 2026, los ingresos operacionales —provenientes sobre todo de entradas y concesiones— aportaron en promedio el 54,3% de los fondos destinados a las áreas protegidas terrestres. Esta dependencia de los visitantes las hace vulnerables ante cierres y emergencias.
El análisis agrega que el aporte fiscal proyectado para 2027 alcanzaría para cubrir apenas el 55,9% de los gastos en remuneraciones. El saldo tendría que solventarse con otras fuentes de financiamiento.
Terram plantea incrementar los fondos, dar prioridad a los guardaparques y a la infraestructura, y garantizar que el aporte fiscal cubra, como mínimo, la totalidad del gasto en personal. Asimismo, solicita transparentar el traspaso desde Conaf y reportar cada tres meses al Congreso los avances del proceso.
La advertencia central es que modificar la institución responsable de los parques no bastará para solucionar sus dificultades si el nuevo servicio tampoco dispone de fondos suficientes para protegerlos.
