La diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó una iniciativa que busca asegurar la continuidad de las atenciones oncológicas durante fines de semana y festivos, para evitar que se suspendan quimioterapias, radioterapias u otras prestaciones ya programadas por coincidir con un día inhábil.
La iniciativa se plantea en un contexto de presión sobre las listas de espera por cáncer. De acuerdo con información del Minsal, al 31 de enero había 33.702 atenciones oncológicas pendientes. Posteriormente, se informó que se había contactado y vinculado a la red al 99,9% de los registros priorizados.
Sin embargo, el proyecto señala que contactar a una persona o integrarla a una ruta de atención no implica necesariamente que haya recibido una consulta, un examen o un tratamiento.
“El cáncer no distingue entre días hábiles y no hábiles, y no puede esperar hasta el lunes. Si una persona tiene indicada y programada una quimioterapia, una radioterapia u otra prestación oncológica, esta no puede suspenderse solo porque corresponda a un sábado, domingo o festivo”, planteó.
La parlamentaria añadió que, en estas circunstancias, el tiempo es crucial y que cualquier aplazamiento podría repercutir en la salud de los pacientes.
“Buscamos dar certeza y continuidad a las personas que atraviesan una de las enfermedades más difíciles para cualquier familia”, afirmó.
Iniciativa plantea asegurar la continuidad de las atenciones oncológicas
La propuesta incluye de manera explícita las sesiones de quimioterapia y radioterapia, además de la atención de urgencias y complicaciones relacionadas con el cáncer o con sus tratamientos.
La garantía se implementaría de acuerdo con el personal, los turnos, la infraestructura y los recursos disponibles en cada establecimiento, respetando las indicaciones médicas, los protocolos y la prioridad clínica de las urgencias.
También se dispone que los prestadores comuniquen con anticipación a los pacientes las opciones disponibles si una prestación pudiera verse afectada por un fin de semana o festivo.
La iniciativa ingresó a trámite el 19 de octubre y fue enviada a la Comisión de Salud. Según el texto, si llega a convertirse en ley, el Minsal dispondrá de 180 días para definir cómo los prestadores implementarán este derecho, considerando los recursos y las dotaciones con que cuentan.
