Este lunes, el Gobierno comunicó que detendrá la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, cualquiera sea el delito. El vocero Gonzalo Arenas dio a conocer la medida, que supone un cambio respecto de lo señalado previamente por el Ejecutivo: el domingo por la noche, el Ministerio de Justicia sostuvo que Fernando Rabat tenía la obligación legal de continuar firmando estos beneficios, con la excepción de los casos vinculados a delitos sexuales contra menores.
Arenas afirmó que Rabat había resuelto detener todas las rebajas el jueves 5 de noviembre, cuatro días antes de que el Gobierno anunciara públicamente la decisión.
La nueva explicación se conoció luego de que BioBio informara sobre un decreto suscrito por el ministro ese mismo jueves, que disminuyó en diez meses la condena de un homicida. Justicia aún no ha aclarado por qué, tres días después de la supuesta suspensión general, seguía argumentando que debía conceder esos beneficios.
Fuentes de La Moneda señalan que Justicia comunicó la decisión el viernes pasado por la tarde, una vez terminado el comité político, y luego de que sus integrantes respaldaran derogar la norma, “habida cuenta de la discusión pública que se ha generado”.
Ejecutivo comunica que suspenderá todas las rebajas de condena
El caso que desencadenó esta nueva polémica es el de Peter Andrés Rojas Gallardo, cuya situación dio a conocer BioBioChile. Fue condenado a cinco años de prisión por asesinar a un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso.
El 5 de noviembre, Rabat suscribió un decreto que redujo su pena en diez meses. El texto también está firmado por Josefina Soto, quien acababa de asumir como subsecretaria de Justicia.
Al referirse a este caso, el Ministerio de Justicia señaló a este medio que la suspensión anunciada el 23 de octubre, durante la controversia por los 56 decretos que favorecieron a condenados por delitos sexuales contra menores, se limitaba a esos delitos graves. Según la cartera, la ley debía seguir aplicándose a las demás condenas.
No obstante, Justicia no indicó que Rabat ya habría extendido la suspensión a todos los delitos. De este modo, mientras el ministerio defendía que debía continuar otorgando las rebajas, La Moneda sostiene ahora que el propio ministro había ordenado detenerlas días antes.
Una medida que no se había dado a conocer
Este lunes, al ser consultado por el decreto que benefició al condenado por el homicidio de Catemu, el vocero de Gobierno partió recordando que el compromiso inicial de Rabat solo incluía suspender las rebajas para quienes fueran condenados por delitos sexuales contra menores.
A continuación, añadió un antecedente que no se había mencionado: Arenas dijo que, ante el respaldo del Ejecutivo a una iniciativa para derogar por completo la Ley 19.856, “el ministro (Rabat) también ha sumado la decisión de paralizar cualquier decreto desde el jueves anterior”.
El portavoz aclaró que “ya no se van a tramitar nuevas solicitudes de rebaja mientras no se avance en el proyecto que está en discusión en el Congreso”.
Antes de esas declaraciones, el Ministerio de Justicia no había informado públicamente sobre esta segunda suspensión.
El decreto y la suspensión coinciden en la fecha
La explicación actual del Gobierno sitúa dos acontecimientos en el mismo jueves 5 de noviembre.
Ese día, Rabat firmó el Decreto Exento que rebajó diez meses la condena de Rojas Gallardo. Arenas asegura que también entonces el ministro resolvió suspender la tramitación de todas las rebajas de condena.
El Ejecutivo todavía no ha precisado cuál de los hechos ocurrió primero: la firma del decreto o la decisión de detener los beneficios. Tampoco ha explicado por qué Justicia omitió mencionar esta nueva suspensión cuando, tres días más tarde, sostuvo que debían seguir concediéndose rebajas por otros delitos.
El Gobierno apunta ahora a derogar la ley completa
Después de defender durante semanas la aplicación de la Ley 19.856, el Gobierno pretende ahora suprimirla en su totalidad.
En medio de la crisis política, con una acusación constitucional contra Rabat en preparación y críticas provenientes incluso del oficialismo, La Moneda resolvió respaldar un proyecto que busca eliminar las rebajas de condena por buena conducta.
El cambio de postura es evidente: el Ejecutivo pasó de sostener que la ley lo obligaba a conceder estos beneficios a promover su eliminación para todos los delitos, y no únicamente para los sexuales contra menores.
