Un grupo de legisladores presentó una propuesta para derogar por completo la Ley 19.856, que regula la rebaja de condenas para personas sentenciadas por buena conducta y establece un sistema de reinserción social sustentado en la observación de su comportamiento.
La propuesta fue ingresada por Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi e Iván Flores (DC).
La iniciativa propone suprimir este mecanismo, pues considera que la conducta en prisión, por sí sola, no demuestra que una persona haya superado los factores que influyeron en la comisión del delito ni que tenga un bajo riesgo de reincidir.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la ley actual permite rebajar dos meses de condena por cada año cumplido, cifra que sube a tres meses anuales desde la mitad de la pena, si se satisfacen los requisitos establecidos.
Una de las principales objeciones es que, una vez concedida la rebaja, la condena se considera cumplida tras descontar el tiempo correspondiente, sin que haya supervisión posterior relacionada con los meses reducidos.
Al respecto, quienes impulsan la iniciativa afirman que mantener una conducta positiva dentro de una cárcel no significa necesariamente que el riesgo de reincidencia haya sido evaluado favorablemente.
¿Qué propone el proyecto en materia de reinserción social?
En términos concretos, la iniciativa consta de cuatro artículos. El primero elimina en su totalidad la Ley 19.856, que establece un sistema de reinserción social basado en la observación de la buena conducta.
El segundo aclara que la derogación no altera las penas dictadas mediante sentencia judicial ni afecta la libertad condicional, los permisos de salida u otros mecanismos de cumplimiento penitenciario contemplados en otras normas.
El tercer artículo establece que las referencias a la ley derogada no podrán utilizarse para conceder nuevas rebajas.
Por último, se propone considerar agravante la comisión de un nuevo delito durante el período de condena que se descontó gracias a un beneficio otorgado antes de que la eventual ley entre en vigor. La medida regiría solo para delitos cometidos a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
