La justicia ordenó a la Municipalidad de Chiguayante pagar 10 millones de pesos por el acoso laboral cometido por un trabajador de la Dirección de Salud (DAS).
El funcionario, quien también es dirigente gremial, habría sido apartado de sus funciones durante un sumario instruido por el Juzgado del Trabajo, procedimiento que también apunta a recuperar los recursos que el municipio desembolsó como indemnización.
El caso, que lleva dos años en curso, involucra a Luis Pastorini, subdirector de Finanzas de la salud municipal de Chiguayante, quien fue denunciado ante la justicia laboral por hostigar a dos trabajadores de esa repartición.
Tras comprobar la existencia de acoso laboral, el Juzgado del Trabajo de Concepción dispuso que se pagaran cinco millones de pesos a cada víctima y que la corporación municipal iniciara un sumario contra Pastorini. En ese proceso, el fiscal administrativo habría resuelto suspenderlo de su cargo.
El abogado jefe del municipio, Pablo Araos, no confirmó ni negó que se haya aplicado esa medida preventiva al directivo, aunque reconoció que existe un procedimiento sancionatorio.
Respecto de la indemnización, el concejal Carlos Hidalgo solicitó que el municipio gestione la recuperación del dinero y exija responsabilidad al funcionario denunciado.
Sobre este punto, el asesor jurídico señaló que el sumario tiene entre sus propósitos recuperar los montos que la corporación municipal deberá pagar.
La indagatoria interna también tendría que abordar el acoso que estableció el fallo del Juzgado del Trabajo y aplicar las sanciones correspondientes, que podrían comprender desde una amonestación hasta una suspensión temporal, o incluso la medida más severa: la destitución.
