Aunque no había sido convocado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, igualmente llegó a la Comisión de Constitución del Senado, antes del debate que comenzará este miércoles sobre los distintos proyectos para reformar el sistema de rebaja de penas. Entre las propuestas figura una que busca derogar la ley aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, la cual estableció un mecanismo para reducir condenas.
Al iniciar la sesión de este lunes, el presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, señaló que no se cursará una invitación formal a Rabat mientras el Gobierno no entregue los 56 decretos de rebaja de condenas. También criticó que el ministro quiera participar en la búsqueda de soluciones, pese a que, según su parecer, ha contribuido al problema.
No obstante, el ministro puede asistir a las sesiones sin que sea necesario invitarlo, por lo que el senador liberal afirmó que el calendario legislativo se mantendrá tal como estaba previsto.
Mirosevic afirmó que la oposición acordó impedir que Rabat intervenga en la comisión como si no hubiera ocurrido nada.
“A nadie se le impidió entrar. Pero lo expresé públicamente: la oposición acordó no invitar al ministro; no corresponde que venga aquí como si nada hubiera pasado. La sesión se realizó y nuestra postura era que un ministro que no transparenta los decretos ni entrega la información a esta comisión, bueno…”, reprochó.
El oficialismo critica la determinación opositora
El senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, criticó a la oposición por oponerse a la convocatoria que la mesa del Senado intentó realizar el viernes pasado para acelerar la tramitación de los proyectos.
El parlamentario atribuyó al sector un “falso interés en las víctimas” y recordó que el Congreso carece de facultades para restringir las atribuciones colegisladoras del Ejecutivo.
“Según lo que he podido averiguar, no existen precedentes de que se deje de invitar a un ministro de Estado por un motivo político. El ministro cumple funciones colegisladoras. Es una mala práctica, pues supone atribuir a los parlamentarios facultades que no les corresponden. Así se avanza hacia un parlamentarismo de facto”, cuestionó.
Los plazos de tramitación generan otro punto de conflicto
El calendario legislativo también perfila una nueva controversia. El Ejecutivo pretende agilizar el debate, mientras que Mirosevic ha planteado avanzar con más prudencia y abrir un período de audiencias para conocer las perspectivas de distintos especialistas.
En este contexto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió abordar la legislación con cautela y sostuvo que es fundamental conocer los decretos que el Gobierno aún no ha proporcionado.
“Debemos examinarlo con prudencia y evitar repetir los errores del ministro, porque es difícil que se nos pida una discusión inmediata si el ministro todavía no nos ha entregado los decretos necesarios para legislar correctamente. La urgencia no es compatible con la falta de información oficial”, señaló.
El Gobierno, por su parte, ingresará una urgencia de discusión inmediata para el proyecto que pretende suprimir por completo la rebaja de condenas por buena conducta, sin importar el delito.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que resolvieron presentar la iniciativa tras comprobar que contaban con el respaldo político necesario para avanzar.
“Luego de consultar qué apoyos políticos había, decidimos presentar directamente un proyecto para derogar la ley que permite rebajar condenas. Es probable que se modifiquen las urgencias. El propio Ejecutivo ha señalado que esa es la solución definitiva”, explicó.
Una invitación a no caer en los extremos
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, planteó una posición diferente y llamó a encontrar un punto de equilibrio en el debate.
Aunque volvió a rechazar que se hayan firmado decretos en favor de personas condenadas por delitos sexuales contra menores, advirtió que tampoco apoyará una reforma que suprima los beneficios penitenciarios sin distinción.
En su opinión, la discusión no debería reducirse a dos posturas opuestas, sino evaluar las consecuencias de cada iniciativa.
“Debemos escuchar a especialistas y analizar cada proyecto por sus propios méritos, buscando un equilibrio preciso. No apoyaré que se excluya a todo el mundo ni que no se excluya a nadie. No estoy segura de que esos dos extremos nos sirvan”, afirmó.
La Comisión de Constitución retomará el debate sobre los proyectos de rebaja de penas este miércoles, aunque aún no se ha definido la lista final de invitados.
Mientras Mirosevic organiza una serie de audiencias para examinar el tema en profundidad, el Gobierno y el oficialismo pretenden que los proyectos sean despachados en solo un par de sesiones.
En medio del desacuerdo sobre el calendario y el enfoque del debate, Rabat intentará seguir participando, tenga o no una invitación, en la búsqueda de salidas a una crisis que lo mantiene bajo las críticas opositoras.
