El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó este lunes que su cartera tiene alrededor de 50 solicitudes de información del Congreso en proceso, en medio de las críticas por la tardanza en entregar los decretos de rebaja de condena. La Comisión de Constitución del Senado considera que esos documentos son esenciales para debatir los proyectos que pretenden modificar el beneficio.
La respuesta se produjo en una tensa sesión de la comisión, presidida por Vlado Mirosevic. El senador reconoció que optó por no convocar al ministro debido al malestar de la mayoría de sus integrantes ante la falta de respuesta. Aun así, Rabat acudió a la instancia, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales.
“Quiero expresar la molestia de la mayoría de los integrantes de esta comisión por la demora en remitir los antecedentes, especialmente el oficio que enviamos semanas atrás sobre los decretos firmados”, indicó Mirosevic.
El parlamentario señaló que esos antecedentes son necesarios para avanzar en las iniciativas que se debatirán durante la semana: “Estamos tramitando proyectos para los que necesitamos esa información y la razón —quiero ser muy franco y directo, ministro— por la que no lo invitamos es justamente esa: el malestar de la mayoría de la comisión por el retraso en la entrega de esos antecedentes”, sostuvo.
Rabat atribuye el retraso a unas 50 solicitudes aún en trámite
Antes de que comenzara la sesión, Mirosevic había criticado con dureza al ministro por no entregar los antecedentes. “El ministro le ha negado a esta comisión el acceso a los decretos que firmó. Necesitamos contar con esa información, es fundamental, porque estamos tramitando proyectos relacionados con esta materia”, afirmó.
Frente a las críticas, Fernando Rabat justificó su asistencia a la comisión y afirmó que el Ministerio de Justicia sigue reuniendo los antecedentes requeridos por los parlamentarios.
“Tenemos cerca de 50 solicitudes de información que responder al Congreso Nacional. Por eso, estamos recopilando antecedentes de distinta índole”, explicó.
El ministro señaló que las respuestas deben ser completas para que el Congreso pueda decidir con todos los antecedentes a la vista. También reiteró que algunos documentos incluyen información sensible y que, por ello, es necesario tomar precauciones antes de entregarlos.
Sin embargo, no fijó un plazo específico para responder las solicitudes.
Senadores exigen a Rabat los decretos necesarios para legislar
La ausencia de los antecedentes volvió a provocar reparos de los parlamentarios, en particular porque la comisión prevé analizar cuatro proyectos vinculados con las rebajas de condena.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) recordó que la petición se aprobó por unanimidad y sostuvo que los documentos son necesarios para determinar qué delitos recibieron el beneficio y en qué condiciones.
“El Ministerio de Justicia tiene una obligación que no está atendiendo”, afirmó.
La senadora instó al Gobierno a hacer llegar los antecedentes antes de que se inicie el debate legislativo: “Espero que podamos apretar el botón, presidente, de aquí a mañana, y que esta comisión reciba el respeto que merece para legislar mejor”, señaló.
La senadora Claudia Pascual (PC) también manifestó sus reparos:
“Resulta poco razonable que, pese a la solicitud formal de la Comisión de Constitución, no tengamos respuesta ni siquiera a los primeros 56 oficios, además de los tres relativos a criminales de lesa humanidad: son 59”, dijo.
Pascual advirtió, además, que avanzar en la legislación sin revisar los decretos podría conducir a cambios apresurados en el sistema de beneficios penitenciarios.
En tanto, el senador Andrés Longton (RN) sostuvo que el Ejecutivo aún está dentro de los plazos que considera aplicables para contestar y cuestionó que no se hubiera invitado al ministro.
De este modo, mientras el Gobierno afirma que requiere tiempo para reunir la información y proteger los datos sensibles, la Comisión de Constitución insiste en obtener los decretos antes de continuar con las reformas.
Para los senadores que reclaman esos antecedentes, la principal dificultad es que tendrán que debatir modificaciones legales sin conocer aún todos los casos que dieron origen a la controversia.
