Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes a los gobiernos de Haití y El Salvador que protejan los derechos humanos tras el envío de más de 2.000 militares salvadoreños a Puerto Príncipe para hacer frente a las bandas armadas.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, señaló en un comunicado que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos".
"El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas", agregó.
La Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) enfrentan a las bandas armadas, que dominan la mayor parte de Puerto Príncipe. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de la GSF en septiembre de 2025.
El mes pasado, Bukele envió a la operación más de 2.000 soldados salvadoreños, supuestamente para ayudar a localizar a cuatro militares de su país que integraban la GSF y desaparecieron el 18 de octubre. Los cuatro fueron emboscados por bandas armadas en Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.
Persisten interrogantes sobre la misión salvadoreña
La representante de Amnistía Internacional sostuvo que "ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias".
La semana pasada, Fils-Aimé afirmó que su Gobierno busca "acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado" con ayuda de El Salvador y la GSF. Sin embargo, aún no se ha aclarado si las fuerzas salvadoreñas operan de manera independiente o junto con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó la semana pasada que "la gran mayoría" de los efectivos salvadoreños enviados a Haití "no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas".
Piquer añadió que "la población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales".
En ese sentido, AI advirtió que "el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad". También subrayó que "la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada".
AI pidió a las autoridades haitianas y salvadoreñas que aseguren asimismo "investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos". Además, reclamó que se esclarezca el paradero de los cuatro militares salvadoreños y que, "si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño".
